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Esta vez no buscaron despistar. Sin eufemismos, ni rodeos. Los balazos se incrustaron en el frente del nuevo Centro de Justicia Penal que albergó al juicio a Los Monos en abril pasado. Fueron directo al símbolo que engendró el gobierno socialista como forma de contrarrestar el avance de la narcocriminalidad.

La gran incógnita es quién está detrás de esto, lo que implica preguntarse qué motivaciones tiene. Se presume que los ataques provienen desde el seno de Los Monos enmarcado en una disputa con quienes le acotaron poder. Lo cierto es que con lo ocurrido este sábado, se abrió y profundizó el juego. 

Hasta ahora el factor común es que atacan viviendas ligadas indirectamente a funcionarios judiciales. Viviendas que desde hace años no habitan, que es de sus parientes o que ya vendieron. Pasó con Juan Carlos Vienna, pasó con Ismael Manfrín, y con Marisol Usandizaga. El primero instruyó la Megacausa Los Monos, los últimos dos dictaminaron la condena.

 

A partir de las balas en el edificio de Justicia quedó demostrado que los ataques ya no son sólo directamente contra los integrantes del Poder Judicial, que de por sí tienen el fin de mancillar al gobierno provincial. Al cambiar el blanco se subió la apuesta.

Es que atacar el Centro de Justicia Penal significa  dispararle al propio gobierno ya que ese edifico es el bastión que mostró el socialismo para contrarrestar a Los Monos y condenarlos. 

Los jueces reclamaban que, si bien la situación afectaba también al gobierno y a la sociedad, las balas eran para ellos. Ahora el gobierno comparte esa inquietud. "Se está poniendo en juego la institucionalidad", se sinceró el propio gobernador Miguel Lifschitz horas después.

Ramón "Monchi" Machuca dejó en claro que sus enemigos son tanto la justicia como el gobierno provincial: "Somos el chivo expiatorio del socialismo (…) Hubo un pacto entre el socialismo, el juez Vienna, Luis Paz y la División Judiciales. Nos tomaron a nosotros como una asociación ilícita criminal para mostrar que nosotros somos el monstruo, el mal de la provincia, pero en verdad lo que pasa es una farsa".

Si hasta ahora los ataques se reducían a viviendas particulares de jueces y policías, al balear a una institución pública, la cuestión se complejizó. Los meses y las determinaciones de las autoridades dirán si fue el último golpe.