Suspenden al fiscal Spelta por darle domiciliaria a Ema Pimpi Sandoval
La situación se dirimió con 58 votos afirmativos y 2 abstenciones. Es por el arresto domiciliario que recibió años atrás al reconocido narco, quien fue ultimado en la propiedad que alquilaba y pertenecía a un juez en el barrio de Alberdi
Este jueves, la Legislatura provincial dio curso a la suspensión por 60 días y sin goce de sueldo del fiscal Ardían Spelta, quien estaba a cargo de la unidad de Homicidios Dolosos. La determinación por parte de los legisladores de ambas Cámaras fue en cuanto a su accionar en el caso de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval a quien le había otorgado la prisión domiciliaria y fue asesinado en 20149, precisamente en la casa donde purgaba esa pena, y que además le pertenecía Oscar Raúl Puccinelli, juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil.
La sesión conjunta entre diputados y senadores de donde salió dicha resolución fue presidida por Rubén Pirola y el acusador en este caso estuvo a cargo del senador Lisandro Enrico.
El expediente que llevó a Spelta a enfrentar esta situación ingresó en 2019 a la Legislatura de manos de la auditora de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranich, quien consideró que el otorgar prisión domiciliaria a Sandoval, condenado por la balacera en 2013 contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, se trataba de una falta grave.
Spelta y el abogado de Sandoval, Fausto Yrure, acordaron la prisión domiciliaria para “Ema Pimpi”, en el marco de una triple tentativa de homicidio. En ese sentido, el presunto narco fue asesinado en una casona de Pago Largo y Agüero donde cumplía el beneficio en plena zona residencial de barrio Alberdi. "Ema Pimpi" fue una de las tres víctimas del triple crimen, ya que también mataron allí mataron a Rocío Genovese y Mirco Saldaño.
La domiciliaria de Sandoval tuvo la luz verde del juez Hernán Postma, a quien le iniciaron un jury que finalmente no prosperó en el Tribunal de Enjuiciamiento. En primer momento y como una acción corporativa, desde la Asociación de Fiscales de Rosario habían cuestionado el pedido de suspensión, argumentando que ese tipo de sanciones no deben ser los legisladores quienes lo evalúen sino en la auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA).