Un fiscal imputó a 33 policías por estafar al Estado provincial con el cobro de horas extras que no cumplían. A cada uno le endilgó como co autores los delitos de "defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público".

En el marco de la investigación denominada “Horas Ospe”, que dirige el fiscal Ezequiel Hernández, de los 33 imputados, 28 trabajaban en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe; uno en la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I; mientras que los cuatro restantes prestaban funciones en la Jefatura de la Unidad Regional I.

Las audiencias imputativas –que se realizan con las personas investigadas en libertad– se vienen desarrollando desde noviembre del año pasado. Por su parte, la semana pasada fue imputado M.J.M. de 47 años, quien era subjefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I. En tanto, el jueves fueron imputados M.A.N. de 39 años, quien era jefe de la Brigada Motorizada, y al oficial C.A.Z., de 41 años.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima hecha el 28 de febrero de 2015 en la línea 0800 de Asuntos Internos de la policía provincial. En noviembre de 2017, los legajos y la documentación pasaron a la Fiscalía de Violencia Institucional. “A partir de ese momento comenzamos a avanzar en la investigación y ya pudimos concretar 33 imputaciones”, precisó el fiscal.

Hernández explicó que “la maniobra consistía en favorecer y coadyuvar a la realización irregular de horas extra de la policía, las cuales se denominan Orden de Servicio de Policía Extraordinaria (OSPE)”. En tal sentido, detalló que “la irregularidad se concretaba de tres formas distintas. En algunos casos se superponían las horas OSPE con la jornada laboral ordinaria; en otros se superponían las horas OSPE entre sí; y la tercera forma era la asignación de horas OSPE mientras los agentes gozaban de su licencia anual ordinaria”.

“El período analizado en esta investigación va desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2015. A modo de ejemplo, en esos dos meses –de acuerdo a la documentación analizada–, el monto de la defraudación sólo en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I asciende a 360.996 pesos”, concluyó Hernández.

El fiscal Hernández adelantó que “si bien todavía no están definidas las fechas de las próximas audiencias imputativas, la investigación continúa y aún resta hacer la atribución delictiva a gran cantidad de personas de distintas áreas de la policía provincial”.