En la biblioteca de Jorge hay más de 500 libros. “Literatura, enciclopedias universales, tomos políticos”, dice orgulloso de su colección. Su reciente ceguera -perdió la visión en 2011- no fue un impedimento para seguir disfrutando de un buen libro. Hasta hace poco le pagaba a una chica para que cada tanto se sentara junto a él y le leyera en voz alta. Jorge las recuerda como “tardes mágicas”.

Pero desde febrero, Jorge (60 años) ya no puede darse ese pequeño gusto. Tampoco puede ir al club a tomar algo con sus amigos. Ni puede pagar a un electricista para que arregle los desperfectos que se acumularon en su casa. A Jorge, como a tantos otros santafesinos, le quitaron su pensión por discapacidad. Lleva cinco meses reclamando para que se la devuelvan, pero hasta el momento ninguna gestión prosperó.

Le explicaron que el “problema” está en que María del Carmen, su mujer, cobra una jubilación mínima, poco más de 6 mil pesos. Le dijeron que esa jubilación y su pensión no son compatibles. Le hablaron de un decreto de 1997 que volvió a estar en vigencia y de requisitos que no se ajustan a su situación.

Pero lo concreto es que Jorge ya no percibe más la pensión que le otorgaron en abril de 2015 tras un año de largos trámites. Todavía conserva la carta que le llegó con el sello del Ministerio de Desarrollo Social tras el primer pago. “Esta pensión no es una dádiva, es un derecho”, decía el papel membretado. Cobró por última vez en febrero. Fueron 3.900 pesos.

Jorge Mussetta vive junto a su mujer en Cañada de Gómez. Tiene dos hijos independizados, uno de ellos está radicado en Rosario. Trabajó de administrativo, como supervisor técnico de piletas de natación y en empresas financieras de Buenos Aires, entre otros empleos. 

En 2011, a los 54 años, se quedó ciego producto de una diabetes crónica. También sufrió la amputación de dos dedos del pie y le ganó a un cáncer de piel. A mediados de 2014, tras reunir toda la documentación necesaria, inició el trámite para cobrar una pensión por invalidez.  

Casi al mismo tiempo, su mujer recopiló y presentó todos los papeles que le pedían para jubilarse por sus tareas como ama de casa. Su trámite salió en febrero de 2015. El de Jorge dos meses más tarde, en abril. Entre la jubilación mínima de ella y la pensión de él juntaban un “dinero digno” para vivir sin sobresaltos.

Sin embargo, la economía del hogar se fisuró por la inesperada baja de su pensión. “Me la dieron con una vigencia mínima de 10 años, justo el tiempo que necesitaba para jubilarme. Tenía esa tranquilidad. Nunca pensé que me la podían quitar. Ni siquiera me avisaron. Me hubiese gustado al menos una notificación. Pero ni eso”, se descarga en diálogo con Rosarioplus.com.

Hoy, Jorge y María del Carmen viven con poco más de 6 mil. Les alcanza para pagar impuestos, medicamentos y comprar comida, no mucho más.  El hombre hasta pensó en separarse para reactivar así su pensión. Pero le aclararon que al seguir viviendo bajo el mismo techo no iba a cambiar en nada su situación.

Jorge habla de “desamparo”, de “insensibilidad” y de un “drama compartido”, según lo que escuchó en las noticias. “Yo me las arreglo todavía, pero hay compatriotas que la están pasando mucho peor. De todas maneras, con las fuerzas que me quedan voy a seguir peleando. No podemos avalar este retroceso”, dice.

El “mensaje que se esconde” detrás de este cruel recorte es lo que más entristece a Jorge. “Nos condenan a subsistir, a no vivir. Nos están diciendo que somos un gasto, que lo mejor es que no vivamos más”, reflexiona angustiado.