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Las políticas públicas en el ámbito de la niñez siguen estando en la columna del debe en la gestión del poder Ejecutivo provincial. La crisis es de arrastre y se agrava con el tiempo. El año pasado, el gobernador Miguel Lifschitz intentó dar un volantazo cambiando funcionarios y equipos de trabajo. Sin embargo, las denuncias persisten. El preocupante panorama incluye instituciones con pésimas condiciones de alojamiento, trabajadores totalmente precarizados y chicos que sufren una doble vulneración de sus derechos: primero en sus hogares (separados por orden de un juez) y luego en los centros de acogida del Estado. 

Rosarioplus.com detalló días atrás algunas de las conclusiones del informe que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe elaboró sobre las 41 instituciones que albergan a los más de 500 chicos que fueron separados de sus centros de vida por sufrir la vulneración de algún derecho. El relavamiento desnudó graves falencias en el sistema de protección que debe brindar el Estado en estos casos.

Las irregularidades van desde centros con hacinamiento, medidas de protección excepcional vencidas, dificultades para obtener medicamentos, malas condiciones edilicias y equipos de trabajos incompletos.

Un panorama similar describen los acompañantes personalizados que trabajan entre seis y doce horas por día con los chicos que están alojados en estas instituciones. El programa de acompañamiento depende de la Subsecretaría de Niñez y funciona desde hace ocho años. Hay 350 trabajadores en toda la provincia. Más de 200 se desempeñan en los centros de Rosario.

En su portal web, el gobierno de Santa Fe describe este programa como un "abordaje ambulatorio, destinado a niños, niñas, adolescentes y familias que se encuentran momentáneamente atravesando alguna dificultad que le impide el ejercicio pleno de sus derechos". En este marco, los profesionales "acompañan y asisten con herramientas que posibiliten el desarrollo integral y el cumplimiento efectivo de todos los derechos en caso de que alguno de ellos se encuentre vulnerado".

La realidad, sin embargo, se condice poco y nada con esta definición teórica. El testimonio de Emiliano, uno de los delegados de los acompañantes de Rosario, va en sintonía con el informe de la Defensoría. Con un agravante: la absoluta precarización de los trabajadores. 

Todos los acompañantes están en negro y sin contratos. "Este mes, por ejemplo, cobramos la mitad del sueldo sin explicación alguna. Hay compañeros que hace 8 años que están en esta situación irregular. Las condiciones están lejos de ser las ideales", denuncia el delegado.  

En lo que respecta al trabajo diario, las instituciones de alojamiento encabezan la lista de irregularidades. Solo el 32% pertenece al Estado. La mayoría son inmuebles de privados o de organizaciones sociales en convenio con el poder Ejecutivo.  

"Estos lugares muchas veces tienen criterios y reglas que van a contramano de los protocolos. Esto es un escollo para nuestro trabajo. Y luego la mayoría de las instituciones tienen problemas de infraestructura, malas condiciones edilicias, desde mucha humedad hasta falta de refrigeración ahora en verano", explica Emiliano.  

Algunos de estos convenios con privados son hostels que se cierran para alojar a chicos al no haber más camas disponibles. "Todo esto se traduce en un malestar de los chicos. Agrava una situación de por sí compleja. Ellos se dan cuanta en el lugar que están durmiendo, dónde están viviendo. Conocen sus derechos y advierten que hay irregularidades", señala este acompañante.

Para Lorena Almirón, secretaria adjunta de adjunta de ATE, hay una "crisis es estructural en Niñez". "Existieron algunas mejoras, algunos cambios. Pero la sensación es que el gobierno provincial no le encuentra la vuelta a esta situación", afirma.

El dinero que se destina es "insuficiente", denuncia. "Son presupuestos magros. Hace un tiempo equipararon las partidas de Desarrollo Social con las de Educación. Los chicos de estas instituciones tienen que comer un menú de 10 pesos. Está claro que no alcanza".

"La niñez está en peligro en Santa Fe"

La difusión del informe de la Defensoría generó eco en el poder Legislativo. la diputada del PJ, Silvia Simoncini, denunció que hay pedidos informes pendientes del 2016 y 2017 que nunca fueron contestados por el gobierno. Los detonantes fueron la huida de niños institucionalizados que vivían en la Casa Cuna de la ciudad capital y casos de desnutrición en Reconquista.

“Tenemos la obligación de conocer y estar informados sobre las políticas que la Subsecretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia implementa y lleva adelante con el fin de salvaguardar y promocionar los derechos de los menores", se quejó la legisladora.

Y agregó. "La niñez está en peligro en Santa Fe. Los dispositivos exigidos por la ley vigente son hoy insuficientes, inexistentes o inadecuados en toda la provincia".

También se pronunciaron los diputados Silvia Augsburger, Rubén Giustiniani, Mercedes Meier y Carlos Del Frade, quienes hicieron pública la preocupación por el "grave déficit estatal" que arrastra la provincia en relación a los derechos de la niñez en Santa Fe.

"Uno de los tantos pedidos de informes que presentamos es sobre el financiamiento del programa de Acompañantes Personalizados que están totalmente precarizados, incluso ni los viáticos a veces les pagan y son principalmente jóvenes que hacen un trabajo muy importante”, explicó Meier.