Una empresa habilitada como prestadora de servicios de salud induce a personas en estado de vulnerabilidad -pensionados o destinatarios de asignaciones sociales- a contratar sus servicios, denunciaron desde la Oficina Municipal del Consumidor. Los beneficios que las víctimas creían contratar se referían, según aducen, a atención oftalmológica, servicios de enfermería a domicilio y otras coberturas de salud. Pero en verdad contrataban bajo cláusulas abusivas un seguro de vida en el que ni siquiera se especificaba quién sería el benefactor de esa ayuda económica cuando ocurriera el deceso del titular que activaría el cobro de la póliza.

La titular de la repartición municipal que recogió los reclamos, María Julia Bonifacio, advirtió sobre numerosas denuncias de vecinos que aseguran haber sido engañados con esta modalidad por la empresa cuyo nombre de fantasía es Social Card. En diálogo con Rosarioplus.com contó los detalles y el modo de operar de la prestadora.

"La empresa asegura que brinda diferentes servicios de una ayuda social, creando confusión en el potencial cliente que piensa que está contratando algo en cuanto a servicios de salud, y en verdad contrató un seguro de vida. Además, establece un sistema fácil de contratar pero prácticamente imposible de lograr luego la baja del servicio, entre otras cláusulas abusivas", abundó Bonifacio. 

Algunas de las cláusulas señaladas son: la imposibilidad de dar de baja el servicio antes de los seis meses o, de lo contrario, tener que abonar seis cuotas juntas; tener que avisar con 60 días de anticipación la baja; en el caso de que se quiera litigar, se debe hacer en Córdoba donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa; la posibilidad de modificar las condiciones contractuales, sin notificar ni solicitar el consentimiento del cliente; y además, se faculta a la empresa a transferir la cartera de clientes a otra entidad.

Otra de las particularidades que llamó la atención de la oficina tras recibir las denuncias, es que "ni siquiera se especificaba quién sería el benefactor de esta ayuda económica en el caso del fallecimiento del titular. Se habla de servicios de sepelio pero en ningún caso se dice a quién se otorgaría ese dinero llegado momento", detalló. 

"Suponiendo que alguien contrató entendiendo que se trataba de un seguro de vida y quiere ir a reclamar por esta u otras fallas, tampoco puede hacerlo. Es que con todas las cláusulas abusivas en él, el contrato es nulo", explicó.

Otro dato que causó molestia en la Oficina de Defensa al Consumidor es que "en todos los casos los damnificados fueron personas de escasos recursos, como pensionados o destinatarios de asignaciones sociales a los cuales se les debitaba directamente del cobro de su asignación un monto que iba de los 489 a los 700 pesos, lo que en muchos casos es más de un terecio del beneficio que reciben". 

“Se pretende es alertar -dijo Bonifacio- sobre esta práctica abusiva a los ciudadanos y alentar a todos aquellos que se consideren damnificados por esta empresa, a que se acerquen a la oficina de defensa al consumidor para hacer la denuncia correspondiente”.