El viernes se cumplirán tres años de la puesta en marcha del actual Código Procesal Penal de Santa Fe, un novedoso modelo acusatorio que generó profundas transformaciones jurídicas e institucionales a la hora de perseguir el delito. El aniversario trae aparejado un masivo cierre de causas que quedaron estancadas en el viejo sistema, tal como lo especifica el artículo 1 de la  Ley N° 12.734. Hay 22 mil expedientes que se archivarán en toda la provincia, casi 10 mil en la Circunscripción de Rosario.

El vencimiento de los plazos de “transición” alcanza a unos 30 mil legajos. Sin embargo, desde el Ministerio Público de la Acusación aclararon que alrededor de 8 mil seguirán abiertos. Se trata, según se detalló, de aquellos casos con "impacto social" –la investigación de Los Monos, por ejemplo– o aquellos en los que se investiga “delitos graves”, léase homicidios, abusos sexuales, estafas y defraudaciones, malversación de fondos públicos, entre otros.

En la Circunscripción de Rosario hay pendientes 14.800 causas en el llamado Sistema Residual de Causas Penales, de las cuales en principio cerca de 5.000 (33%) seguirán siendo investigadas. En Santa Fe, son 10.100 las causas que no se resolvieron en estos tres años (2.700 continuarán abiertas) y en Rafaela 1.200 (300 pasarán a manos de los fiscales).  

Meses atrás, un grupo de legisladores pretendió votar un proyecto de ley para prorrogar los plazos de vencimiento por un año, hasta febrero de 2018, iniciativa que no prosperó. Tampoco obtuvieron la información detallada que le solicitaron al poder Judicial para conocer la magnitud de las causas que quedarán sepultadas. 

Solamente se llevaron un compromiso del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Alberto Barraguirre, sobre la continuidad de algunas investigaciones. "Las causas donde hay autores identificados, otras con trascendencia mediática y otras que no la tienen, pero que son social e institucionalmente relevantes, no se van a caer bajo ningún aspecto", les confió el funcionario.

En las últimas horas, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, un organismo multisectorial que tiene una larga trayectoria de luchas en Defensa de los Derechos Humanos y sociales, emitió un comunicado alertando de un posible “latrocinio judicial” ante la incertidumbre de no saber “a ciencia cierta cuáles y cuántas son las causas que irán a archivo sin sentencia”.

“No muchos ciudadanos están informados de que el próximo 10 de Febrero termina el plazo en el que debieron concluirse las causas del viejo sistema procesal penal. Las que no concluyeron y no recibieron un pedido de prórroga por parte del Fiscal, serán archivadas”, dice el texto.

Y agrega: “Es imperativo alertar a la población sobre esta situación, ya que estamos ante una virtual negación de Justicia y de un camino allanado para la impunidad de miles de delincuentes. Aún estamos a tiempo de que haya una reacción de las autoridades que evite este latrocinio judicial, lo cual debería comenzar con los propios fiscales que deberían asumir sus responsabilidades ante las causas que tienen a cargo. Pero que debería ser tomado fundamentalmente por el Poder Ejecutivo Provincial, que tendría que resolver al respecto sobre la generalidad de la situación”.

Carrera contra reloj

Al inaugurarse el nuevo sistema penal, 260 mil causas quedaron apiladas en los estantes de Tribunales a la espera de ser resultas bajo la vieja modalidad escrita de juicio, desde el robo de un celular hasta crímenes vinculados a la guerra de bandas narcos pasaron a un “sistema de conclusión de faltas”. Un total de 17 jueces penales tuvieron por delante la tarea de cerrar los sumarios.

A medida que ese grueso volumen de papeles se fue achicando –por resolución o archivo--, los funcionarios judiciales fueron pasando a trabajar en el sistema nuevo. A fines del 2015, la Corte Suprema santafesina redistribuyó las causas en trámite, por hechos cometidos antes del 10 de febrero de 2014, entre los jueces Juan Andrés Donnola, Alejandra Rodenas, Delia Paliari e Irma Patricia Bilotta.

En el artículo 8 de la Ley se fijó el "fin del período de transición". La normativa explica que "todas las causas en las que, al día de finalización del período de transición, no haya habido decisión definitiva serán archivadas de pleno derecho, excepto los casos de querella por delito de acción privada, que continuarán según su estado. A partir de ese momento también cesarán de pleno derecho todas las medidas cautelares personales que se hubieran dispuesto en las causas que se archiven".

La fiscalía, no obstante, podrá solicitar hasta treinta días corridos previo a la finalización del período de transición que no se archive la causa, en cuyo caso deberá continuar según su estado. "En todos los casos en que deban continuar causas luego de finalizado el período de transición, las mismas tramitarán ante los órganos judiciales del Sistema de Conclusión de Causas que la Corte Suprema de Justicia indique de acuerdo a un nuevo cronograma confeccionado a tal efecto".

“Estamos hablando de un archivo con un valor jurídico muchísimo menor al del archivo actual de las causas. Hay una disposición en el Código Procesal Penal de transición que permite archivar pero como una suerte de guarda de expedientes, por lo tanto, no es un archivo en término jurisdiccional que implica que la causa muera”, aclaró Barraguirre a fines del año pasado al reunirse con legisladores opositores preocupados por este cierre masivo de causas.

En esa línea, desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que las causas que serán archivadas, podrán tener nuevamente impulso en caso de que la víctima, por medio de su abogado o el fiscal del caso, aporte un testigo o algún elemento importante para la causa y así podrá solicitar que el expediente tome curso y se abra nuevamente la pesquisa.

“Hay una decisión política de archivar todas estas causas” 

El diputado provincial Carlos del Frade (Frente Social y Popular) que no existe “ninguna garantía” para pensar que el poder Judicial de Santa Fe va a mantener abiertas muchas causas, tal como adelantó Barraguirre. En su día, tras no prosperar su pedido de prorrogar el vencimiento por  un año para, el legislador le solicitó a la Corte Suprema una listado con todas las causas del viejo sistema en la que estén implicados funcionarios o ex funcionarios.

“Nunca nos mandaron nada, por lo que es difícil fiarse de las palabras. Lo concreto que a pocos días del vencimiento no tenemos nada concreto y real sobre las causas que se van a archivar y las que van a seguir abiertas”, subrayó del Frade.

Sobre los motivos de esta carrera a contra reloj, el diputado habló de una “decisión política” para dejar caer muchas investigaciones. “En Santa Fe tenemos un partido transversal formado por el poder judicial y gran parte del poder político. Este archivamiento masivo va en esta sintonía”, reflexionó.

Y concluyó: “En Rosario y Santa Fe se tiene un panorama más claro de las causas que pueden terminar en un cajón, no así en el resto de la provincia. ¿A quiénes va a beneficiar esta impunidad? No lo sabemos”.