El día tan temido por los inquilinos llegó. Este miércoles se vence el plazo establecido por el decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, y las demandas judiciales para expulsar a los locatarios de las viviendas no esperaron al final del DNU.

En Rosario, y aunque la prórroga del Decreto N° 320/20 continúa vigente hasta este miércoles inclusive, se iniciaron 380 juicios de desalojo en los tribunales provinciales contra personas que no pueden pagar el alquiler de la casa donde viven.

Desde la Concejalía Popular denunciaron que el inicio de litigios, antes de cumplirse el plazo establecido por el DNU, no tendría que haber sido aceptado por la justicia.

"Le vamos a pedir al Ejecutivo provincial que, mientras dure la emergencia sanitaria, se prohíban los desalojos, porque la situación no es la mejor, tenemos un rebrote y hay posibilidades de nuevas restricciones", indicó Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, en diálogo con Rosarioplus.com.

Sobre la apertura de causas judiciales contra inquilinos morosos, el militante de la Concejalía Popular dijo: "Es preocupante que hayan procedido, si esta cantidad tenemos con el DNU vigente, la semana que viene la situación va a ser mucho más preocupante y grave".

Tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir de este jueves los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Previo a esto, el gobierno nacional implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

Además, esta semana se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Por un lado se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Y por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.