El futuro de la Ley de Humedales se juega esta semana. Luego de 10 años de bloqueos y excusas dilatorias, el jueves se reunirá un plenario de comisiones con el objetivo de dictaminar, finalmente, la iniciativa que busca inventariar y regular el uso de ecosistemas que funcionan como importantes reservorios de agua.

El panorama, sin embargo, está lejos de ser auspicioso. El Frente de Todos, con Leonardo Grosso a la cabeza, busca impulsar un proyecto que cuenta con el respaldo de decenas de organizaciones ambientales pero no de todo su bloque.

Asimismo, desde la Multisectorial Humedales Rosario emitieron un nuevo comunicado de apoyo al proyecto, “consensuado legítimamente construido por el pueblo, la ciencia digna y las organizaciones”.

“No vamos a aceptar modificaciones ni negociaciones que se dan a espaldas de la construcción participativa, que perjudican al conjunto de la población y que van en detrimento de derechos adquiridos y de los bienes comunes que son los humedales de todo el territorio nacional”, manifestaron en la carta.

El lobby de los gobernadores del Norte Grande presiona con fuerza y los diputados que les responden - muchos, oficialistas - ponen en duda su acompañamiento. Juntos por el Cambio, mientras tanto, unificará su postura y, luego de haber dado el faltazo la semana pasada, participará del plenario con la expectativa de poder imponer su propio dictamen.

En un debate que divide posiciones dentro de todas las coaliciones - similar a lo que pasó con la legalización del aborto -, el oficialismo que impulsa la ley se lamenta frente a la falta de iniciativa del propio Ejecutivo, a quien acusa de haberse borrado de la discusión.

Entre les legisladores más "ambientalistas" predomina la sensación de que el tiempo se agotó. El 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias - aunque la mayoría pone como fecha límite el 20, cuando empieza el Mundial - y si para entonces no hay dictamen la iniciativa volverá a perder estado parlamentario.

El proyecto, hoy 

La Ley de Humedales, que también se conoce como régimen de presupuestos mínimos para humedales, se basa en cinco claves fundamentales para la realización del proyecto:

+ Instalar un Inventario Nacional de Humedales en todas las provincias del país.

+ Crear un Fondo Nacional de Humedales.

+ Establecer sanciones, que van desde multas hasta penas de cárcel.

+ Exigir estudios ambientales a la hora de realizar alguna actividad productiva en un territorio.

+ Ordenar los humedales y tipificar qué tipo de actividades y cómo pueden realizarse en un plazo de 2 años.

El debate para la sanción de una ley de protección de Humedales lleva una casi diez años. El primer proyecto se presentó en 2013, y tanto en 2015 como en 2018 dos proyectos de Humedales consiguieron media sanción del Senado, pero no pudieron sancionarse ya que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.

En 2020 el debate volvió a tomar impulso y hubo dictamen de la comisión de Recursos Naturales pero no de las otras tres comisiones a las que tenía giro. El proyecto perdió estado parlamentario y generó una nueva desilusión en las organizaciones ambientalistas que venían militando el tema.

En el último tiempo, los incendios intencionales en el Delta del Paraná y el impacto en Rosario y otras localidades ribereñas llevaron a que se retome el debate. En marzo de este año se presentó un proyecto similar consensuado con más de 500 organizaciones de la sociedad civil, científica y académica.