El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, aseguró que esa provincia "no tiene ninguna responsabilidad jurídica" sobre los incendios que se generaron en las islas del Delta del río Paraná y afirmó que es "gente de Rosario la que hacen un uso inadecuado" de las islas, que "a lo mejor tienen legítimamente".

"Adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido" sostuvo en una entrevista, y mencionó que hay una causa penal federal al respecto, donde "la mayoría de los imputados son de Rosario".

Rodríguez Signes emitió un escrito tras diversas protestas de organizaciones en Rosario que intimaron al gobierno santafesino para que denuncie al de Entre Ríos por los incendios.

En ese marco, aseveró que "no es novedad esa actitud de algunas organizaciones en Rosario", y recordó que hace aproximadamente 10 años se presentó una situación similar que "Entre Ríos ganó en juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Estamos muy tranquilos porque esto el gobierno de Santa Fe lo sabe perfectamente. Tenemos diálogo permanente y existen ámbitos administrativos como para ir dando solución a esos problema", agregó.

El funcionario provincial consideró que antes de la pandemia se acordó entre ambas provincias la utilización de algunos espacios en la zona del Delta, con "espacios que pertenecen Entre Ríos, más al sur, y en otros a Santa Fe, más al norte".

A la altura de La Paz, en el noroeste entrerriano, la zona de humedales e islas está del lado santafesino, y a la altura de Victoria es al revés, por lo que "hay una conciencia entre los Gobiernos sobre todo esto", y Entre Ríos "no incurrió en ningún caso de responsabilidad".

"Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance y no hay una relación de causalidad entre los perjuicios, que de ninguna manera niego que puedan estar sufriendo los habitantes de Rosario, y la conducta de la administración provincial", concluyó.

Aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización ya que pesa sobre la zona una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná que prohíbe de manera "absoluta acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente".

Durante 2020, los incendios en esa zona provocaron graves daños y gran cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades.

Por eso, Entre Ríos inició causas judiciales ya que consideró que fueron generados para "obtener rebrote como forraje para el ganado, limpieza de la zona y pesca y caza".

Asimismo, el gobernador, Gustavo Bordet, decretó -en ese entonces- la emergencia ambiental por "la degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud".