En diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio curso a una demanda iniciada por un abogado rosarino contra el mismísimo Gobierno de Gustavo Bordet en Entre Ríos, en representación de la ciudadanía, por verlo como responsable del contralor de las quemas de pastizales en las islas. 

El abogado Marcos Peyrano precisó en diálogo con LT8 este viernes que "la demanda se inició hace mas de un año y surgió por la indignación compartida por la ciudadanía, frente a este daño que sufrimos periódicamente por las quemas recurrentes en las islas frente a nuestra costa".

Aseguró luego: "Como abogado estudié el tema y busqué la vía mas practica y directa para forzar una solución definitiva al problema, y di con la Ley de Ambiente que habilita a este tipo de demanda que es colectiva. La inicié en representación de los ciudadanos de Rosario".

La denuncia fue realizada directamente contra el Gobierno de Entre Ríos, y Peyrano aclaró que "es diferente a las denuncias hasta ahora que fueron hacia los dueños de los campos, incluso con denuncias penales, que no han tenido mucho éxito, y no se ha siquiera identificado a quienes efectúan las quemas".

El origen del daño deviene según el letrado rosarino "de la falta de control, del poder de policía que tiene la provincia de Entre Ríos, y debería evitar esas quemas, y que  no cumple".

La demanda fue realizada en el Juzgado Federal de Rosario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre esto reconoció que "la Corte se tomó su tiempo" pero que "en diciembre de 2021 admitió la demanda y corrió el traslado a la provincia de Entre Ríos para que se defienda. Veremos que dicen".

Peyrano aseguró que "las propias leyes entrerrianas le imponen al gobierno evitar este tipo de quemas, y deben hacer un mapa del fuego cada año y crear un presupuesto para evitar estas quemas indiscriminadas. No hay una voluntad política de interrumpirlo, esa es la realidad".

Indemnización para los rosarinos

Si en esta causa el gobierno entrerriano resulta finalmente condenado, si se determina que hubo una omisión de los deberes, deberá indemnizar por el daño moral y por la afectación a la salud de los ciudadanos con problema respiratorios".

De esta manera "la Corte determinaría un valor X, que se multiplicará por la cantidad de habitantes, y ese fondo será puesto a disposición de la Municipalidad de Rosario para que esta lo aplique a cuestiones ambientales".