Por atropellar a un agente de Control Urbano hace casi tres años y escapar sin prestarle auxilio, un juez conminó al conductor del vehículo a cumplir tareas comunitarias bajo supervisión municipal. Y las autoridades a cargo de fiscalizar esa pena resolvieron que el temerario infractor se ocupe de pintar cordones de calzada en la zona balnearia de La Florida, como preludio de la temporada de verano.

El penado cumplió la tarea esta semana y el municipio lo fotografió. El siniestro ocurrió en diciembre de 2019, en Córdoba y Constitución, durante un operativo de control vehicular. El conductor frenó, pero cuando iba a ser abordado por un inspector, reanudó la marcha y escapó. En la maniobra arrolló al municipal, quien terminó internado en el Heca, donde finalmente se repuso de las lesiones sufridas.

Tras la denuncia penal de rigor, el fiscal a cargo rastreó al fugitivo con el registro de videovigilancia y así pudo identificarlo y mandarlo a detener. "Lesiones graves calificadas" fue la imputación asignada.

El infractor recuperó la libertad bajo caución de 50 mil pesos y la obligación de comparecer en Tribunales de manera periódica. Fue sometido a un curso de reeducación y concientización vial, y a 12 horas de trabajo comunitario. 

"Vivimos en una sociedad organizada y el ciudadano debe respetar a las autoridades y una norma que es para todos igual. Cuando no se respetan los límites tiene que haber sanciones como estas para que aquellos que los olvidan o los dejan de lado, los recuerden", dijo la secretaria de Control Urbano, Carolina Labayrú.

Este año también tuvo lugar un fallo similar sobre un hecho ocurrido en enero del 2021 en el que un individuo arrojó un ladrillo mientras los inspectores estaban desarrollando un operativo. El proyectil impactó sobre uno de los vidrios de los móviles y lo rompió. En aquella oportunidad las fuerzas de seguridad que acompañaban dicho operativo persiguieron y dieron con la persona que finalmente fue detenida. La justicia dictaminó en mayo que el individuo tuviera que pagar más de 30 mil pesos para reponer lo dañado.

"Tenemos la obligación de hacer cumplir las normativas y custodiamos el patrimonio público. Cualquier acto contra el mismo, es una acción en contra de todos los ciudadanos de Rosario que pagamos nuestros impuestos y está bien que quién atente contra ello deba mínimamente devolver de su bolsillo lo que dañó o rompió. Debemos volver a ser la ciudad del respeto", finalizó Labayru.