Casación ordenó investigar si Atanor contamina el Paraná
La decisión del alto tribunal llegó por una apelación del fiscal general ante la Cámara Federal de Rosario. El juez de San Nicolás quería declararse incompetente
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la Justicia federal debe investigar a la firma de químicos Atanor S.C.A. por la presunta contaminación del curso del río Paraná a partir del vertido de efluentes.
Atanor, dedicada a la producción de químicos para la agroindustria con una planta en San Nicolás, fue denunciada ante el Juzgado Federal N°2 de aquella jurisdicción, por verter líquidos contaminantes sin el debido tratamiento ni el aval de la autoridad correspondiente, en el cauce del río Paraná, que constituye un límite entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.
El juez interviniente dictó su incompetencia para entender en la cuestión, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que dispuso la remisión de la investigación a la justicia de la provincia de Buenos Aires.
Pero esto fue apelado por la querella y por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Palacín. Así se llegó a que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolviera hacer lugar a los recursos presentados y ordenó al juzgado federal correspondiente que investigue la causa.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la que se desprende que debe ser la justicia federal la que debe entender en la cuestión, dado que se trata de un curso de agua que cruza la extensión de dos provincias.
Justamente, Eduardo Riggi, juez de Casación Penal, en su voto al que adhirieron sus colegas, sostuvo que “siendo de público y notorio conocimiento que el Río Paraná constituye el límite natural entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, el vertido de residuos tóxicos en su aguas, se trata claramente de un supuesto que potencialmente podría afectar a las personas o al ambiente más allá del territorio de la provincia en el que fueron producidos, circunstancia que hace necesario que los sucesos que motivaron la apertura de las presentes actuaciones necesariamente deban ser investigados en el fuero federal”.