Caso Mafud: después del gatillo fácil, el desamparo de la viuda y sus hijos

A Leila Rodríguez y a sus cuatro hijos la vida se le empezó a desmoronar el 8 de setiembre de 2014, cuando a su pareja y padre de los niños, Iván Mafud, la policía lo persiguió como a un delincuente y lo fusiló a balazos, indefenso y sin dejarlo bajar siquiera de su auto. Encima, le plantaron un arma y falsearon el acta del procedimiento al darse cuenta del error cometido. Allí desbarrancó el emprendimiento de viandas con el que la pareja soñaba progresar. Y siguió un periplo que llevó a la joven y a sus hijos a un calvario para sostenerse en lo económico. Hoy, esta familia está a un tris del desalojo de la casa que alquilan en barrio Tiro Suizo. Leila apeló hasta al gobernador Miguel Lifschitz. Pero todas las puertas se le han cerrado. Y el Estado que aquella madrugada asesinó a Iván sin razón, hoy ya no quiere atender a la viuda y a sus niños: un varón de 12 años y tres nenas de 8, 7 y 6.

"No pido que me regalen nada. Quiero garantizar un lugar para vivir con mis hijos y no tener más estos problemas de alquiler, pero generando un trabajo, que me permitan hacer algo posible, que no me haga descuidar a mis hijos. No puedo ir a vender a la feria, como me propusieron, porque tampoco con eso voy a poder mantenerlos", desespera esta joven. Hace 4 años y medio, una patrulla persiguió a su marido desde Ovidio Lagos y Uriburu, quien al verse intimidado aceleró su Fiat Marea y escapó hasta la ruta A012, ya con un enjambre de policías detrás. En el kilómetro 47 lo forzaron a despistar y sin más trámite lo acribillaron a balazos.

El año pasado la investigación desembocó en una sentencia judicial que no satisfizo a los deudos. Absolvió a once de los policías involucrados, y condenó a 4, pero solo a uno de estos le impusieron pena de prisión efectiva (4 años) y solo por "exceso en el cumplimiento del deber" y por falsear el acta de procedimiento. 

Desde entonces, Leila y sus hijos padecen numerosas penurias económicas que narró en una carta enviada al gobernador Lifschitz, del cual nunca recibió respuesta. 

La Oficina de Atención a la Víctima, dependiente del Ministerio de Seguridad, le brindó un subsidio de 30.000 pesos, que se le fue en los gastos para alquilar una vivienda. Antes de eso, tuvo que dejar la casa anterior, también alquilada, y luego de consumir ahorros en reparar el daño de un incendio doméstico. "Yo quería que me ayudaran a armar un carrito de comidas rápidas, un emprendimiento propio que me permita mantenerlos y también cuidarlos. Ahora es mi suegra, que enviudó el año pasado, la que corre con los gastos", contó a Rosarioplus.com.

La directora de la Oficina de Atención a la Víctima es Anahí Schibelbein, primera candidata a concejal en Rosario de la lista Avanza, del sector radical NEO que lidera el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Volviendo a Leila, el punto es que, sin haber reencauzado su negocio y sin ingresos, acumuló una deuda de alquiler que llega a 40 mil pesos y que hoy la pone al borde de un juicio de desalojo, según ya le comunicó la inmobiliaria. 

Hasta ahora solo la Multisectorial contra la Violencia Institucional expuso con inquietud la situación de Leila y sus hijos. "el Estado provincial es responsable por la muerte del joven y por lo tanto, tal como lo estable la normativa internacional, tiene la obligación de reparar de manera integral los daños producidos a las víctimas y sus familiares. Tal es así que se encuentra iniciada una demanda civil por daños al Estado provincial", indicó la ONG en un comunicado.

"En lo inmediato está a punto de iniciarse un juicio de desalojo por la casa que alquila y habita con sus hijos, como consecuencia de los reiterados incumplimientos de diversas áreas del estado -municipal y provincial- que se comprometieron, entre otras cosas, a afrontar los gastos del alquiler. Tal posibilidad coloca a Leila y sus cuatro hijos en una situación de grave riesgo", añadió la Multisectorial. Por lo tanto, el reclamo apunta a que si el Estado provincial ha sido responsable, por su policía, del crimen de Mafud, que repare entonces a sus deudos por el daño infligido "garantizando en forma inmediata los derechos básicos a la vivienda y el trabajo para que la familia Mafud pueda tener la posibilidad de una vida digna y un duelo en paz". 

"Ya no se qué decirle a la inmobiliaria. Y es un drama porque están en juego las garantías, que son amigos, y a nadie le importa nada. Ni en la municipalidad ni en la provincia demuestran interés en ocuparse, hasta por el derecho de mis hijos, niños, en tener vivienda segura. Hoy por hoy creo que es el Estado el que está vulnerando sus derechos", dijo.