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Para el Concejo, las multas que la Municipalidad le cobra a las empresas de servicio que rompen calles sin autorización, no señalizan bien las obras o tardan más de lo previsto en culminarlas, están desactualizadas. Y sospechan que el bajo costo de las sanciones económicas poco ayudan a que las calles rosarinas estén plagadas de corralitos.

Por eso, la concejala radical María Eugenia Schmuck presentó un proyecto en el que le pide al Ejecutivo que se actualicen los valores de las sanciones que se apliquen a las empresas prestatarias de servicios. “Está claro que al ser tan bajos no resultan un incentivo suficiente para el cumplimiento de la norma”, dijo la edila.

Según indica Schmuck en su proyecto, actualmente los montos de multa fijados por la ordenanza que regula las obras en vía pública están entre 200 y 900 pesos diarios. En su propuesta, la presidenta de la comisión de Obras Públicas sugiere que una sanción que hoy va de 200 a 600 pesos diarios -como por ejemplo, el no cierre de acera o calzada por servicio domiciliario- pase a costar entre 4.500 y 13.700 pesos; y que para las infracciones que se realicen sobre arterias con carriles exclusivos, la multa sea la máxima estipulada, 16.000 pesos”.

Asimismo, Schmuck pidió mayor severidad en casos de irregularidades en carriles exclusivos debido a la mayor afectación de la calzada para circular, y con riesgo para la seguridad vial. “Es evidente que las interrupciones del tránsito por estas intervenciones en la vía pública generan múltiples perjuicios, afectando la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial”, dijo la concejala.

Schmuck se refiere especialmente a empresas como la EPE, Assa y las proveedoras de telefonía. En el caso de Aguas Santafesinas, la concejala detalla que, por ejemplo, en 2009 se contabilizaron un promedio de 400 vallados; en 2013, 270; en 2014, 110; en 2015, 100; en 2016, 150 y en 2017, entre 100 y 200.