__tadevel:head__

Casi 30 organizaciones -entre las que se encuentran la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las universidades de La Plata, Salta, Mar del Plata- elevaron a un comité de la ONU un relevamiento de leyes, políticas públicas y la propia experiencia de las organizaciones en base a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

El Informe Alternativo sobre la situación de las personas con discapacidad en Argentina denuncia la ausencia de datos, deficiencias en el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental “como la falta de dispositivos alternativos a la internación, eliminación de pensiones” y falencias en la integración educativa.

“El Estado incumple sistemáticamente el cupo laboral del 4 por ciento en el sector público, y a diciembre de 2015 era del 0,88%”, lo que fue recogido por el Comité que solicitó al Estado que señale con indicadores “si se está cumpliendo” y qué cargos están ocupando.

Las falencias vinculadas a la salud mental fue otro de los ejes del documento, donde se detalla que existen altos índices de medicalización en la infancia, falta de dispositivos alternativos a las internaciones en hospitales neuropsiaquiátricos, persistencia de “modelo tutelar”, con presunción de incapacidad jurídica de la persona, entre otros problemas.

A partir del informe, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) cursó una serie de preguntas al Estado argentino para que responda antes de su próximo reporte oficial. Bajo el nombre “Lista de cuestiones previa a la presentación del segundo y tercer informe periódico combinados de Argentina”, el CRPD solicitó al Estado que informara “legislación y políticas públicas así como los presupuestos y programas en materia de discapacidad”, y consultó “si todas las provincias ya adhirieron la Ley 24901 sobre Prestaciones Básicas y cuáles son los criterios para otorgarlas”.

También pidieron datos sobre “las medidas adoptadas para prevenir y sancionar la discriminación”, tanto en relación a políticas públicas como en el ámbito judicial.

Mientras el informe sostuvo la falta de perspectiva de discapacidad en el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la falta de apoyo para el ejercicio voluntario de la maternidad a mujeres con discapacidad, el CRPD preguntó al Estado argentino acerca de las medidas concretas para respaldar una estrategia que contemple en conjunto el enfoque de género y discapacidad “en lo que respecta a violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral”.

En relación a las críticas del informe sobre la coexistencia de “un sistema de enseñanza general y un sistema de enseñanza segregada o especial”, el Comité de Naciones Unidas le pidió al Estado “proporcionar información desglosada por edad, sexo y discapacidad con porcentajes de inclusión educativa en todos los niveles y las regiones”.