__tadevel:head__

El boom inmobiliario, la poca regulación estatal en la planificación urbana y la falta de inversión en obras básicas de infraestructura generaron un colapso en la red de gas que ya afecta a los rosarinos. Son miles los propietarios que no pueden ingresar a sus nuevos hogares por la imposibilidad de conectarse al sistema. Las viviendas están terminadas, pero rengas en cuento a servicios. O no tienen gas, o las instalaciones fueron adecuadas para un uso integral de la energía eléctrica, dos situaciones que nunca fueron advertidas en la inversión del inmueble. 

Reclamos de este tipo se acumulan desde hace un tiempo en el despacho de Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor. Es que años atrás las quejas eran por los cortes en el suministro. Ahora, los usuarios piden asesoramiento por un servicio al que directamente no pueden acceder. 

"Las denuncias se incrementaron muchísimo, son cada vez más frecuentes. Las construcciones nunca se frenaron y la red desde hace un tiempo está colapsada. Entonces, cuando los propietarios reciben las llaves de sus viviendas se encuentran con un panorama que nadie les advirtió", explica D'Orazio.

En la mayoría de los casos, las empresas constructoras piden un dinero extra para solucionar el problema a través de un fideicomiso.  En los últimos meses, más de 8 mil rosarinos depositaron 15 mil pesos para entre todos costear las obras que se necesitan para ampliar la red: un gasoducto, tres obras de refuerzos y la modificación de seis estaciones reguladoras de presión. 

"Nunca se avisa de esta otra inversión. La promesa es la de entregar una unidad con gas y electricidad. Esto no está pasando, de ahí la catarata de reclamos", detalla D'Orazio, quien advierte que hay otra irregularidad que se repite: la decisión unilateral de los constructores de inclinarse por viviendas "electrointensivas", cien por ciento eléctricas. 

Su recomendación es que en uno u otro caso, los propietarios exijan que se cumplan sus derechos. "Lo importante es que nadie se quede de brazos cruzados. Es necesario plantear el reclamo. Hay una instancia de mediación y/o conciliación que en un 80 por ciento de los casos tienen una resolución favorable para el usuario", asegura.

Los edificios eléctricos, una solución con críticas

La mayoría de las empresas constructoras de la ciudad avalaron y fomentaron la creación de un nuevo fideicomiso para juntar el dinero necesario para ampliar la red de gas de la ciudad, trabajos que recién estarán terminados a mediados del año que viene.Sin embargo, algunas firmas optaron por una solución más rápida: diseñaron edificios que funcionan únicamente con energía eléctrica. 

Claro que para instrumentar esta idea, los empresarios necesitan primero del visto bueno de la EPE, que ya evalúa 12 proyectos con estas características. Según pudo averiguar Rosarioplus.com, las habilitaciones están demoradas por el impacto negativo que podría tener en la red eléctrica, dado que el nivel de potencia que necesitan estos edificios es el triple al de aquellas estructuras con gas natural. 

¿Cuáles serían las consecuencias? Por un lado, afectaría la distribución de energía en las zonas aledañas a la construcción. Y por el otro, la EPE estaría yendo a contramano del consumo energético racional y de las políticas de ahorro de energía, dos metas trazadas en el futuro cercano por la compañía.

Ante las dudas que generan estos proyectos, la concejala Norma López (FpV) pidió informes para conocer las inversiones en las redes de gas y electricidad. 

“Hoy la EPE estudia habilitar 12 torres en el radio céntrico como ‘electrointensivas’ porque Litoral Gas no hace las obras que corresponden. Esta situación nos preocupa, no se pueden habilitar edificios que consuman tres veces más que el resto", señaló. Y agregó: "En el verano la empresa repartió lámparas de bajo consumo y pidió ahorrar energía porque el sistema está al borde del colapso. La contradicción es evidente".

La edil también cuestionó a Litoral Gas por la falta de inversión. "Hoy la excusa de una tarifa retrasada ya no existe y aún así continúan sin enterrar un caño. Las obras, entonces, las terminan pagando los vecinos", se quejó.