Tras el fallo de la jueza que determina el desalojo de las 150 familias que viven en el barrio La Cariñosa hace más de 40 años, desde la  Concejalía Popular se reunirán con la jueza que lleva la causa para realizar una serie de planteos que esperan se resuelvan a favor de los habitantes del extremo sur de la ciudad, y no del empresario Armin Reutemann que compró los terrenos habitados de manera permanente e histórica por un importante número de personas.

En diálogo con Rosarioplus.com, Nire Roldán, titular del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular de Rosario, adelantó algunos de los planteos que estarán realizando en este mediodía en la audiencia  "Entendemos que el Estado nacional, provincial y municipal, que tuvo mucha desidia al permitir que esto siga avanzando sin presentar un plan reordenamiento territorial, sin pensar cómo se integraba la gente a la sociedad, cómo se construían las obras esenciales para poder vivir. Ahí cuando hace falta agua, luz, una ambulancia,... nadie entra. Sólo entra la policía pero para perseguir gente y destruir hogares", manifestó Roldán manifestó planteo en consonancia con la serie de dificultades que se manifiestan en el barrio del extremo sur de la ciudad.

"La jueza ya tomó partido: decidió desalojar. Eso escribió en su resolución. Nosotros entendemos que no procede la propiedad de la parte actuante. Hace más de 40 años que los vecinos viven ahí, no son ni ocupantes, ni usurpadores, ni nada que se le parezca, sino que se trata de un barrio consolidado", sentenció.

En este mismo sentido planteó que "es necesario que en estos 90 días de plazo que plantea el expediente, el Estado revierta esto y reconozca que es un barrio que además está integrado en el registro de barrios populares".

Finalmente el representante de la Concejalía popular planteó la necesidad de la articulación de los tres ejecutivos para poder llegar a una solución favorable para los vecinos de barrio La Cariñosa: "Hace falta que el Estado Nacional intervenga y diga qué recursos va a poner, qué solución objetiva va a brindar al problema y que la provincia tome cartas en el asunta y entienda e interprete lo que está pasando sobre todo en el marco de una pandemia en donde la amenaza de desalojo tiene que salir de la cabeza de quienes viven ahí", concluyó Roldán.