En el comienzo de un año con nuevos focos ígneos y más de 1100 hectáreas incendiadas en las islas frente a Santa Fe, según estimaciones del Centro de Estudios Territoriales de la UNR, el Observatorio Ambiental de la universidad pública recordó al gobernador de la provincia la necesidad de reglamentar -para evitar un año de sucesivas quemas como fue el 2020- la postergada Ley de Humedales provincial (n°13.932) que fue aprobada por el 23 de noviembre de 2019.

“En caso de que no se avance con la reglamentación de la Ley que nos ampara, y de avances en el Comité de Emergencia Ambiental intergubernamental creado por decisión de la Corte Suprema (ver aparte), en mayo o junio de este año, nos encontraremos con el mismo panorama de quemas de pastizales descontroladas y una nueva baja en la calidad del aire”, fueron las palabras de advertencia del director del Observatorio Ambiental, Matías de Bueno, en diálogo con RosarioPlus.

Esta ley generará, según explicó, un plan de reordenamiento del territorio en las islas que sean santafesinas, y la ministra de Medioambiente Érika Gonnet deberá elaborar el proyecto con la decisión de qué autoridad de aplicación controlará cada zona, movilizará los permisos y prohibiciones, contará con presupuesto, grupos de intervención para las investigaciones, y mejores controles sobre el manejo del fuego.

“Para reglamentarla sólo es necesaria la decisión política, y por eso no se entiende si es omisión por desinterés o por cubrir intereses de terratenientes, y como sea es un abuso”, fustigó De Bueno, quien recordó que “será Gonnet quien defina los detalles, que sólo deben estar en sintonía con la legislación nacional de presupuestos mínimos de preservación ambiental, y una vez reglamentada la ley, se aplica por decreto del gobernador Perotti”.

Además destacó que si la provincia avanza en aplicar su propia ley, “nos fortalecerá a los santafesinos al pedir colaboraciones interjurisdiccionales a la hora de necesitar apagar focos”, destacó. A eso se suma que servirá de ejemplo y presión al Congreso Nacional de cara al año ordinario para que sea tratada finalmente la Ley Nacional de Humedales que quedó pendiente a fines del año pasado.

La recomendación que dio el referente del Observatorio Ambiental fue de “que se realice una asamblea pública, a modo de consulta popular sobre qué actividades permitir y dónde, que participen diversos sectores de la sociedad, principalmente quienes habitan esas zonas y viven el impacto ambiental”. A eso se puede sumar la asesoría del propio Observatorio, así como de especialistas y consultores ambientales.

Este medio pudo saber además que hay organizaciones ecologistas que, para hacer cumplir al Estado la obligación de reglamentar la Ley de Humedales, piensan utilizar como recurso la Ley 10 mil, que protege a la ciudadanía cuando se violenta algún derecho de incidencia colectiva.

Es un recurso para "tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje, el medio ambiente, preservar el patrimonio histórico, cultural y artístico, la correcta comercialización de mercaderías a la población y en general", reza el texto en el Sistema Argentino de Información Jurídica.