Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detectaron que tres firmas sobrefacturaron la importación de 34 mil unidades de tests de diagnóstico de Covid-19, con el agravante de que presentaban etiquetados apócrifos para ocultar sus verdaderas fechas de elaboración y vencimiento. Como saldo de la operatoria, quedaron en el exterior 272 mil dólares.

La mercadería, originaria de China, era procedente de Uruguay e ingresó a la Argentina sin pagar derechos de importación, amparándose en el Decreto 333/2020, que había otorgado beneficios a insumos sanitarios en el marco de la pandemia.

Los investigadores aduaneros encontraron que todos los rótulos adheridos a los insumos sanitarios se encontraban adulterados, y que, en realidad, el material médico había vencido más de un año antes de su importación a la Argentina, por lo cual correspondía considerarlo un residuo peligroso, altamente riesgoso para la salud de los potenciales usuarios.

A partir de allí, y sobre la base de los datos específicos de los productos involucrados (marca, modelo, origen y número de lote), la Aduana comenzó un minucioso estudio que permitió reconstruir la ruta del material ilícito incautado. Así, se rastreó un cargamento que en el 2020 había sido exportado desde la Argentina con destino a Uruguay por una empresa dedicada al rubro textil, radicada en el interior de nuestro país. En dicha exportación, los tests habían sido declarados a un valor de 2 dólares por unidad, vendidos a un presunto comprador uruguayo.       

El organismo que dirige Guillermo Michel luego determinó que los mismos tests fueron exportados nuevamente por la misma firma uruguaya hacia la Argentina (es decir, un rulo de importación), pero ya vencidos y a un exorbitante valor de USD 10 por unidad —es decir, un incremento del 500% al sólo efecto de transferir ilícitamente importantes sumas de divisas al exterior, a cambio de residuos nocivos para la salud de la población.    

Por tratarse de mercaderías alcanzadas por una prohibición de carácter absoluto y que pueden afectar la salud pública, la Aduana presentó una denuncia ante la Justicia. Han intervenido el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante, y el fiscal Dr. Miguel Schamun.

En ese marco, se ordenaron allanamientos que resultaron en el secuestro de la totalidad de los insumos médicos peligrosos, como así también documentación y equipamientos tecnológicos. Además, la Aduana ha realizado consultas al exterior mediante los convenios de intercambio de información aduanera vigentes.

A partir de las irregularidades detectadas, entonces, la Aduana ordenó una auditoría integral de las operaciones que involucran las mercancías alcanzadas por el Decreto 333/2020 (tests de covid, barbijos, guantes de látex, etc.).