El Gobierno Nacional decidió que a partir del 1º de enero las provincias deberán hacerse cargo del pago de las prestaciones de transporte del Programa Federal Incluir Salud, que garantiza el traslado de personas con discapacidad.

La medida puso en alerta a legisladores provinciales y transportistas, que exigen saber cómo será financiado el plan y cuáles serán los servicios que cubrirá.

"Muchos compañeros han decidido dejar de trabajar en enero si no hay respuestas. Las personas con discapacidad van a tener enormes dificultades para encontrar un servicio de transporte especial", anticipó el presidente de la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes), Pablo Bolego, en diálogo con Rosarioplus.com. "Queremos que haya definiciones concretas por parte del Ejecutivo santafesino", agregó.

Según explicó el referente de la Agrupación para la protección de personas con discapacidad (Aprodis), el Programa Federal Incluir Salud "se dividió siempre en beneficiarios fuera de cápita (donde Nación le transfería el pago a la Unidad de Gestión Provincial, que tienen sede en los hospitales públicos) o capitado (bajo la facturación de las instituciones)". Es decir, un porcentaje menor de los fondos era administrado por la UGP, y el resto por la Agencia Nacional de Discapacidad, en relación con las instituciones que terciarizaban el traslado.

"En Santa Fe no ha sucedido, pero en otras provincias se usaba el dinero de Incluir Salud en otros fines y los prestadores cobraban con un año de retraso. Por esto rechazamos la medida, porque en otros lugares la UGP ha sido un desastre", aclaró el titular de Atraes.

Además, Bolego comentó que en Buenos Aires, el arancel que abona la UGP por kilómetro recorrido por el transporte especial está por debajo del monto establecido a nivel nacional. Una situación que podría expandirse a todo el sistema provincial. 

"La situación en el resto del país es mucho más compleja, en Santa Fe el servicio fuera de cápita funciona relativamente bien", remarcó.

"Cuando dicen que transfieren a las provincias el transporte, y con recursos, es falso. Según la diputada nacional (de Cambiemos) Astrid Hummel, si la Provincia firma el acuerdo, van a duplicar la cápita, de 280 pesos a 450, con eso no se van a poder pagar los pañales, las sillas de ruedas, y además transporte", indicó Bolego.

Hasta el momento, el traslado de una persona con discapacidad se paga por kilómetro, tiene un costo de hasta 12 mil pesos por mes. "Nuestra prestación, históricamente, estaba presupuestada y pagada, no capitada", señaló.

Sobre el pedido al gobierno provincial, el representante de Aprodis se preguntó: "¿Cómo va a afrontar la Provinci,a a partir del 1 de enero, el pago del servicio? ¿Cuántos son los traslados que pasarían a hacerse cargo?"

"Esto va a ser una carnicería, va a ser una situación que claramente nos expondrá a privatizaciones con pulsa de precios", lamentó el transportista y concluyó: "A 15 días no sabemos para quién vamos a trabajar, ni cómo ni por cuánto".

Reclamo desde Diputados

Los diputados provinciales del bloque Igualdad y Participación, Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani, realizaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que de respuesta acerca de cuáles son las áreas de la provincia que se harán cargo del servicio de transporte del Programa Federal Incluir Salud y con qué fondos se afrontará dicha responsabilidad.

"Esta decisión del gobierno nacional, de recortar prestaciones en diversas áreas, no es nueva. En este caso se recorta una prestación fundamental para las personas con discapacidad, que es el transporte y movilidad para que puedan acudir a sus actividades y terapias", afirmó a diputada Augsburger. 

El pedido de informes presentado en la legislatura provincial solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, de respuesta sobre varias cuestiones que hacen a la prestación del programa Financiar Incluir Salud -PFIS- que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se solicita saber a partir de qué fecha esta prevista la entrada en vigencia del traspaso a las provincias del pago de las prestaciones de transporte, cuál es la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias del PFIS que son  usuarios de la cobertura de transporte en el territorio provincial y con qué fondos prevé la provincia afrontar estas obligaciones.

Además, el pedido de informes plantea saber cuáles son los procedimientos administrativos que se implementarán a partir de la entrada en vigencia del traspaso a la provincia a fin de evitar demoras en las rendiciones de facturación, cadena de pagos para prestadoras de servicios de transporte y/o evitar restricciones y suspensiones para los beneficiarios.

"Sabemos que el programa viene sufriendo recortes en los últimos tiempos y esta decisión profundiza aún mas ese ajuste, generando una situación de angustia e incertidumbre tanto a las instituciones y  transportistas que prestan servicios a beneficiarios y beneficiarias del programa, como así también a las familias sobre quienes peligra la continuidad de la cobertura", explicó la legisladora.

"No hay ningún perjuicio para los beneficiarios”

La diputada nacional por Cambiemos Astrid Hummel explicó que desde el próximo año se transfieren los fondos desde Nación para que las provincias puedan llevar adelante las prestaciones para las personas con discapacidad para diálisis, traslado y radioterapia.

"No hay ningún cambio de paradigma respecto del programa Incluir Salud. Siempre las provincias tuvieron a su cargo la contratación de las prestaciones. No hay ningún perjuicio para los beneficiarios”, aseguró.

El convenio al que adhieren las provincias establece que la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene bajo su órbita al Programa Federal Incluir Salud, transferirá recursos materiales y financieros para que las mismas puedan afrontar el costo de las prestaciones y brindar la cobertura a los beneficiarios del Programa.

Según la legisladora, esta medida no implica ningún cambio, y los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud continuarán recibiendo las prestaciones de radioterapia, diálisis, y transporte para personas con discapacidad, y el resto de las prestaciones médicas como lo vienen haciendo hasta el momento. 

Además, la diputada anticipó que “se contempla un aumento del 25% de aumento en la cápita que debe ratificar la provincia". "Aún Santa Fe no ha firmado esta resolución por lo que esperamos que adhieran lo más pronto posible por el beneficio de las personas con discapacidad y de la comunidad. Buscamos rapidez y una mejor calidad en la prestación”, concluyó.