El colectivo de profesionales y prestadores de servicios que trabajan con la discapacidad de personas se encuentra nuevamente en estado de alerta por el desfasaje que encuentran entre el valor del arancel que cobran y la realidad inflacionaria.

"Manifestamos nuestro estado de alerta y gran preocupación por la insuficiente adecuación arancelaria aprobada por el Directorio del Sistema Único, en la reunión del pasado 1 de junio de 2023", afirmó Mariel Chapero, presidenta de la  Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis).

El último aumento arancelario destinado a instituciones que trabajan con personas con discapacidad es de un 9,5% desdoblado en dos tramos (mayo y junio). Según el Indec, el IPC en abril fue de 8,4 y se estima que en mayo la cifra será similar.

“Estamos atravesando una grave situación inflacionaria y en diversas reuniones que hemos mantenido con las autoridades nacionales del Directorio de prestaciones se ha manifestado un compromiso de acompañar esa situación inflacionaria, pero no se ha cumplido”, apuntó Mariel.

Por su parte, desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (FPPDPcD) alertaron: "Se hace  imposible sostener los servicios de atención y poniendo en riesgo no solo a las Personas con Discapacidad (PcD) sino también a más de 100.000 puestos de trabajo".

Otra de las cuestiones que preocupan es que, "el aumento se comenzaría a cobrar en septiembre 2023, con una inflación real de alrededor del 10% mensual, no pudiendo asumir los compromisos de sueldo con sus justos incrementos para los trabajadores, pago de servicios, obligaciones tributarias, etc", indicaron desde el espacio que nuclea a las instituciones para PcD en todos el país.

Además del atraso en la actualización de los aranceles, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y las Obras Sociales todavía adeudan las diferencias arancelarias de los meses de enero 2023 y febrero 2023.

Por esto, el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad solicitó de manera urgente que al gobierno nacional que por medio del Directorio del Sistema Unico, "rectifique la decisión tomada, retome el criterio que venía trabajando teniendo en cuenta el IPC y el contexto inflacionario y al mismo tiempo establezca un mecanismo de ajuste automático de los valores arancelarios y se cumpla con la promesa de reconocer aranceles que permitan sostener la atención de más de 200.000 personas con discapacidad que utilizan y necesitan de estos servicios para sostener su calidad de vida", completaron los representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad