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Siete días después de asumir en el cargo de gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz recorrió las instalaciones del Instituto de Rehabilitación del Adolescente (Irar), donde se alojan jóvenes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal. Sus asesores se encargaron de remarcar que se trataba de la primera visita de un gobernador al predio ubicado en Saavedra y Cullen, en la zona suroeste de Rosario.

“Ni siquiera fue visitado por el gobernador santafesino cuando se inauguró allá por 1998”, dijo exultante el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, quien también participó de la recorrida. La visita concluyó con un importante y esperado anuncio: la transformación del Irar en “moderno centro” de recuperación de los jóvenes en conflicto con la ley.

“No queremos que esto sea una cárcel, queremos que cumpla con la reinserción social de los jóvenes. Ese es el objetivo fundamental, no la penalización sino la reinserción. Por eso, nuestra idea es reformular completamente este proyecto. En febrero presentaremos la propuesta”, detalló el mandatario.

Pasaron nueve meses y el Irar sigue funcionando con sus históricas falencias. La justicia provincial le exige nuevamente al poder político mejoras en las condiciones de detención. Se dispuso un plazo de 30 días para adecuar los protocolos de detención de acuerdo con las normas internacionales, comprobar la situación estructural de los sectores 5 y 6 con relación a su habitabilidad y plasmar una propuesta educativa para garantizar que los jóvenes asistan a clases.

La resolución del juez Luis María Caterina llegó como respuesta a un habeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa y la Asesoría de Menores, tras detectar en las últimas visitas irregularidades estructurales y casos de violencia dentro del sistema penal juvenil.

Para corroborar lo denunciado, el magistrado ordenó en agosto que el Instituto Médico Legal realizara controles periódicos en el Irar. Su directora, Alicia Cadierno, comprobó con sus propios ojos lo denunciado por los defensores sobre problemas edilicios, alimentación, salud e higiene.

Por su parte, Marta Bianciotti, psiquiatra del Poder Judicial, afirmó que "no es posible abordar la salud mental si no hay un compromiso respecto del lugar donde están alojados los jóvenes". Las irregularidades detectadas van desde la falta de agua hasta celdas diminutas que tienen menos de un metro de ancho.

Choque de poderes

No es la primera vez que la Justicia pone la lupa sobre el Irar. En 2014, las cuatro juezas de Menores de Rosario y un juez de San Lorenzo ordenaron el traslado de los jóvenes alojados a otras dependencias cerradas del Servicio Penitenciario santafesino hasta que la Institución fuera reformada. "Los animales en un zoológico están mejor que los adolescentes en el Irar", planteó una magistrada

El gobierno aclaró que el fallo era “impracticable”.  “El Servicio Penitenciario provincial no tiene capacidad ni lugares adecuados para recibir a los menores y, además, sosteniendo que de hacerse efectivo el traslado que se solicita se estaría violando el principio de especialidad contemplado en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, explicó el ministro de Justicia Juan Lewis.

El año pasado, en otro fallo que irritó al Ejecutivo, la Justicia de menores dispuso, entre otras medidas, que los jóvenes realizaran actividad física, que recibieran luz solar al menos media hora por día y que concurrieran a clases. Meses más tarde, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desestimó el pedido al entender que el Poder Judicial “pretendió sustituir atribuciones del Ejecutivo”. “Los jueces no deben asumir funciones de gestión política”, decía el escrito.

Alcides Leiker, director de Justicia Penal Juvenil, señaló que, a su juicio, "el poder judicial estaba interfiriendo en asuntos administrativos" y dijo que "algunos de los planteos no tenían demasiado asidero". “Es una institución que tiene una dinámica de trabajo interesante”, se defendió el funcionario.

Sin embargo, poco tiempo después, la Cámara Penal ordenó cerrar un pabellón completo del Irar "por no estar adecuado a los estándares mínimos de alojamiento digno", remodelar otro sector con serios problemas estructurales y prohibir el alojamiento de los adolescentes en sectores destinados a talleres y recreación. También ofició al Poder Ejecutivo para que disponga los recursos "económicos y humanos" para dar solución definitiva a los problemas de fondo.

Tres muertes y un sinfín de promesas incumplidas

El Irar es un centro de detención de régimen cerrado que aloja a jóvenes en conflicto con la ley penal de entre 16 y 18 años. Allí van a parar los adolescentes con medidas cautelares ordenadas por los juzgados de Menores a la espera de una resolución de su situación procesal

La provincia tiene un total de 26 instituciones a la que asisten los jóvenes en conflicto con la ley penal: 12 son ambulatorias, 5 semiabiertas y 9 cerradas. El Irar forma parte de este último grupo. Recibe el 51 por ciento del total del dinero que aporta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de justicia penal juvenil

Su inauguración en 1998, durante el primer gobierno de Jorge Obeid, fue celebrada con bombos y platillos por su impronta progresista que prometía adecuarse a los tratados internacionales en materia de derechos del niño. Por su vanguardia teórica, la obra logró el financiamiento del Banco Mundial.  Sin embargo, el paso del tiempo mostró su cara más opresora y se convirtió en un foco de denuncias y conflicto permanente.

El 18 de abril de 2007, Néstor Salto, de 17 años, fue encontrado en su calabozo con el 80 por ciento del cuerpo quemado. Dos días después falleció en la cama de un hospital. Su muerte motivó la intervención transitoria del Irar por parte del gobierno provincial y la removió de su directora, Laura Bevilacqua.

Tras aquel hecho trágico, el Servicio Penitenciario tomó el control del establecimiento, por lo que muchos trabajadores fueron desplazados a otras dependencias de la administración pública. La intervención dio paso a una “gestión mixta”, una endeble convivencia entre guarda cárceles y civiles. Lo que vino fue una disputa territorial entre ambos bandos por el control institucional.

En 2008, con la asunción de Hermes Binner en la Casa Gris, se anunció el cierre definitivo de la institución y la construcción de un nuevo edificio: "La construcción del nuevo Irar es prioritaria para esta gestión. Es una cárcel y nuestra decisión política es cerrarlo. Es funcionalmente inservible y a nivel edilicio resulta irrecuperable ", admitió el ministro de Justicia, Héctor Superti.

En septiembre de ese año, la Casa Gris comunicó la decisión de construcción un "nuevo Irar" en 2009. "La demora es por una razón presupuestaria. Pero hay que destacar que la construcción del nuevo Irar es prioritaria para este gobierno", dijo Superti.

La promesa nunca se cumplió. Las críticas volvieron a quedar invisibilizadas hasta el 16 de diciembre de 2011, cuando Jonathan Retamoso apareció ahorcado en su celda. Su caso sintetiza como pocos las graves falencias e irregularidades de un sistema que intenta meter debajo de la alfombra a los chicos que infringen la ley.

Lo detuvieron y lo encarcelaron por un delito que no cometió. Luego, el establecimiento que lo albergó no lo cuidó: a los pocos días de su ingreso, apareció con una sábana en el cuello atada a uno de los barrotes de la mirilla de su celda. Juan Carlos Alonso, su padrastro, denunció que "el cuerpo estaba desfigurado”. La autopsia arrojó innumerables golpes y contusiones. La versión oficial, no obstante, lo consideró un suicidio

La misma escena se repitió el 24 de octubre de 2012. Las noticias daban cuanta de otro adolescente ahorcado en una celda del Irar. Se llamaba Fabián Lucero y también tenía de 17 años. Era la tercera vez que llegaba al Instituto. Estaba acusado de robo calificado.

Masacre por goteo

“¿Qué será de la vida de los jóvenes que pasaron por acá?”, se preguntaron los integrantes del Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo (Cimjpp), conformado por algunos trabajadores del Irar. Ante la poca información brindada por los organismos oficiales, se trasladaron a la hemeroteca. Con mucha paciencia, revisaron la sección policiales de los diarios de la ciudad. En esas crónicas encontraron la peor de las respuestas: muchos jóvenes se toparon con la muerte al volver a la calle.

En el período 2010/2015, se habían contabilizado 55 casos. Mauro Testa, acompañante terapéutico del Irar, presentó en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) una investigación teórica y empírica sobre las políticas públicas y las prácticas destinadas a jóvenes en contexto de encierro en la Provincia de Santa Fe. En el estudio, se analizó la vida de 48 jóvenes que en su momento fueron trasladados al Irar. Obtuvo los siguientes resultados:

• El 94% provenía de barrios periféricos de la ciudad (villas miseria, asentamientos, viviendas populares)

• El 83% no había terminado la escuela primaria y ninguno de ellos la secundaria.

• Sólo el 23% vivía con ambos padres. Otro 23% no vivía con ninguno de los padres. El 44% vivía  solamente con la madre.

• El 21% tenía alguno de los dos padres muertos.

El eje teórico del relevamiento giraba en torno al concepto de “masacre por goteo”, acuñado por Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, para poder analizar las muertes violentas en las calles de América Latina, donde prevalece “la violencia estatal, por acción u omisión”.