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Un hombre de 46 años que vive en la localidad de Humberto 1º tendrá que cumplir 150 horas de trabajo comunitario por no haber cumplido con la cuota alimentaria establecida. Debió pedir disculpas a su hija y a su ex mujer, y pagará 12 mil pesos en concepto de reparación de daño.

La sanción fue establecida este lunes en una suspensión de juicio a prueba (probation) solicitada en el marco de una investigación que encabezó la fiscal de Rafaela, Mirna Segré, por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Los términos de la probation fueron acordados por la fiscal y la abogada Carmen Galetto, defensora privada del imputado, quien había sido denunciado por su ex mujer y madre de su hija.

"El imputado incumplió con sus obligaciones alimentarias que habían sido asumidas en una mediación judicial y debe alimentos en favor de su hija desde abril de 2014 a la fecha", detalló Segré.

La suspensión del juicio a prueba fue posible porque el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar prevé una condena de entre un mes y dos años de prisión de ejecución condicional y no tiene antecedentes penales.

A través de esta medida se suspende el juicio por un año, plazo en el que el imputado deberá cumplir con todo lo asumido: "El imputado deberá realizar 150 horas de trabajo comunitario en el patio de máquinas de la comuna de Humberto 1º. Además, ya pidió disculpas formalmente a su hija y a su ex mujer, que también era una de las conductas que debía cumplir".

La suspensión del procedimiento (o juicio) a prueba es una de las denominadas salidas alternativas que ofrece el Código Procesal Penal de la provincia en su artículo 24, y fue homologada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi.

"Se trata de una forma de resolver situaciones conflictivas en las que el delito que se investiga prevé una pena de inhabilitación o una condena de ejecución condicional, como es este caso", explicó Segré.