El fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, Ezequiel Hernández, imputó a un ex funcionario con responsabilidad política en el último gobierno provincial del Frente Progresista por malversación de fondos públicos. Se trata del ex secretario de Control de la Policía, David Reniero, quien se desempeñó en ese área del Ministerio de Seguridad cuando el diputado radical Maximiliano Pullaro era ministro. La acusación le endilga haber utilizado entre 2017 y 2018 recursos del Estado –se habla de casi 1 millón de pesos– de manera irregular para pagar la defensa penal de los policías involucrados en la desaparición forzada y homicidio de Franco Casco en 2014.

En lo puntual, la figura delictiva es "peculado", al entender el fiscal que Reniero desvió fondos de la Dirección de Asuntos Internos hacia el referido destino. El caso Casco es un emblema de la violencia policial en Santa Fe. Era un muchacho de 20 años, oriundo de Florencio Varela, que había venido a Rosario a visitar familiares, y que al regresar, antes de llegar a la terminal de ómnibus fue detenido en la calle y recluido en la comisaría 7°, de Cafferata al 300. La policía nunca reportó ese arresto ni los motivos, y el cadáver del joven apareció flotando un par de semanas después en el río Paraná. En el medio, hubo numerosos intentos por entorpecer y desviar la investigación. Tanto, que la Defensoría General (por entonces, a cargo de Gabriel Ganón) logró que la causa salga de la órbita provincial y sea juzgada en la Justicia Federal.

Según el fiscal Hernández, allí se activaron maniobras para organizar la defensa de 18 policías involucrados y pagar a sus abogados. Junto con Reniero también fueron imputados por lo mismo el ex jefe de la Dirección de Asuntos Internos Policiales de la provincia, Luis Alberto Sosa; la jefa de la División de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, María Ester Romeggio y el asistente técnico del área Lucas Peirone. El monto de dineros malversados habría ascendido a 936.000 pesos. El abogado que cobró de esa forma sus honorarios fue José Manuel Alcácer, defensor de dos de los policías juzgados: los agentes Aníbal Candia y Pablo Síscaro.