A través de la Resolución 0956, el Gobierno nacional constituyó la Fundación Pami – INSSJP, hecho que ya obligó a algunos actores a prestar especial atención a los cambios que puedan surgir con la obra social de los jubilados. Desde el gremio Nueva Organización de Trabajadores Estatales (Norte), avisaron que estarán “muy atentos” a lo que ocurra en los próximos días, al tiempo que anticiparon que solicitarán una reunión a las autoridades nacionales para conocer más detalles de la nueva situación. Quieren saber cómo la fundación contratará a los trabajadores.

“No estamos muy convencidos ni tampoco hemos tenido contacto con directores nacionales del Pami y tememos a futuro que se tercericen servicios”, alertó Claudia Indiviglia, secretaria general de Norte Rosario, preocupada por el futuro de los trabajadores.

La referente del sindicato en la ciudad dejó bien en claro que, de momento, es poca la información que manejan respecto de nueva Fundación Pami y desconfían: “Esto se creó para hacer todo lo que con Pami no pueden hacer”.

“No está claro cómo contratarán el personal ni a través de qué convenio. Lo que preocupa es la tercerización de servicios y nosotros vamos a seguir defendiendo los puestos de trabajo en la ciudad. No queremos que se afecten los servicios propios de Rosario. Hay que tener mucho cuidado”, amplió Indiviglia en diálogo con Rosarioplus.com.

Otras voces en el país no dudaron en señalar que la creación del a Fundación representa un paso hacia la privatización de la obra social de los jubilados, la más grande de América Latina. Preocupa también que uno de los objetivos de la flamante creación sea evitar los controles sobre el manejo de los fondos.

El caso de Arteaga

Una causa penal que investiga un dudoso convenio entre el Pami y el Samco de la localidad del sur santafesino avanza en la Justicia Federal. El cuestionado cambio del sistema de cápitas y cartera asignada de Pami, aseguraron desde la Legislatura provincial, afectó y puso en riesgo la salud de numerosos afiliados en la región.

El juez Sebastián Casanello intenta determinar la responsabilidad de autoridades y funcionarios que implementaron el cambio de sistema del Pami. Es que se dieron de baja los contratos de las prestaciones de prácticas complejas que el Pami tercerizaba en Casilda, donde se atendían dos mil jubilados de Arteaga y San José de la Esquina desde hace más de 20 años.