Mientras la mayoría de los senadores provinciales decidían que Armando Traferri conserve la protección de sus fueros, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos ampliaban la imputación de Leonardo Peiti, un eslabón clave en una cadena que se extendió hasta distintos rincones de poder. Para los investigadores, es el organizador de la asociación ilícita.

Según los fiscales, Peiti encabezaba una banda que componían, además, y al menos, el senador Armando Traferri, el ex fiscal Patricio Serjal, Nelson U., Lorena C., Esteban L., Maximiliano D., Walter B., Jorge M., David P. (fallecido) y Alejandro T. (condenado).

La misión de la banda era “usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todo sin contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente”, comunicó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A tal fin, siempre según los fiscales, los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que además brindaron información reservada a la banda con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.

La investigación asegura contar con pruebas suficientes y apunta a tres personas como organizadores: Patricio Serjal, Armando Traferri y el propio Peiti, quien colabora con la causa en calidad de arrepentido.

Uno por uno

Los fiscales afirman que el ex fiscal Serjal fue el organizador de la cobertura judicial, y abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar la impunidad de Peiti en causas vinculadas a juego ilegal.

En tanto el rol del senador por el departamento San Lorenzo, entiende la investigación, era el de asegurar la continuación de la organización, la cobertura judicial y “otros favores ilícitos”.

Finalmente, Peiti era quien organizaba los recursos económicos y repartía tareas para montar una empresa destinada al juego clandestino en distintas modalidades. En resumen, seleccionaba personal, proveía el software necesario con el que debían funcionar las máquinas en las salas de juego clandestino y, además, recaudaba el dinero producido por esas actividades.

Invertir lo recolectado y ocultarlo de los canales legales también era misión de Peiti, y para los fiscales era entonces cunado Traferri entraba en juego “aprovechando las influencias que tiene en el Senado de la Provincia de Santa Fe”.

El pasado 31 de julio Peiti fue imputado y quedó en libertad bajo fianza, con la prohibición de salir del país. La investigación logró avanzar contra los ex fiscales, pero a la hora de hacerlo sobre Traferri se topó con los fueros que le corresponden por su cargo de senador.