Un fallo avaló a la Justicia rosarina para investigar las quemas en las islas. A partir de una acción promovida por la fiscal María Laura Martínez, en protección de los habitantes de la ciudad por los daños indirectos que los incendios de los últimos años podrían haber causado a la salud de los rosarinos, se iniciará un proceso que tiene en la mira a más de una decena de productores y que busca determinar la responsabilidad civil y extracontractual de los mismos en la generación de las innumerables quemas de pastizales que tuvieron a maltraer a rosarinos y victorienses en los últimos tiempos.

La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario en el marco de un extenso fallo de 58 páginas y con la disidencia de uno de sus miembros.

En el texto se resaltó que “el medio ambiente es un bien colectivo. La protección del mismo es un deber de todos y cada uno de los habitantes, también de los jueces que vivimos en él, sobre todo ponderando el rol que la sociedad exige a la judicatura moderna. No podemos ser indiferentes a lo que acontece”.

En la base jurídica que sustenta la decisión del Tribunal, se incluye la teoría de "ubicuidad" y se sostiene que si bien las quemas se produjeron en los departamentos de Victoria y Gualeguay, Entre Ríos, "se tendrá por lugar de comisión del hecho el lugar donde se lesionaron los bienes individuales y se afectaron derechos individuales homogéneos, cual es el Distrito Judicial Nº 2".

También mencionan que en varias oportunidades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en materia ambiental y estableció que “corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan".