Este jueves fue un día importante para la pelea de unas 365 familias que se asentaron hace tiempo en distintos terrenos privados de la ciudad y sobre quiénes pesaban órdenes de desalojo. La Legislatura aprobó dos proyectos de expropiación y definió un programa de loteo, obras urbanas y financiamiento para que puedan convertirse en los nuevos propietarios del lugar. En ambos casos se termina con un conflicto judicial de más de 15 años entre los nuevos vecinos y los propietarios registrales. “Es un logro importante de una lucha que llevamos por Tribunales, el Concejo, la Legislatura y vamos a velar por el cumplimiento de la ley”, contó a Rosarioplus.com la abogada de los vecinos y la organización social Causa, Analía Abreu.

De la compañia a los vecinos

Desde la Secretaría de Hábitat de Santa Fe celebraron el OK legislativo a un plan integral de acceso para urbanizar un terreno del asentamiento precario situado al oeste del barrio Parque Casas y al norte de Empalme Graneros, entre avenida Sorrento, Cullen, Schweitzer y el arroyo Ludueña. Hace tres décadas que un grupo de 365 familias que se instalaron pide poder construir.

La zona, que había logrado la identidad como "barrio Cullen", era propiedad de Compañía Santafesina de Tierras, un grupo económico que las había comprado a un privado en la década del 80. Finalmente, el gobierno de Miguel Lifschitz tomó el reclamo, motorizado por los legisladores del Frente Social y Popular –la concejala Celeste Lepratti y el diputado Carlos Del Frade– y este jueves se aprobó la ley para declarar el sueño de utilidad pública autorizando la expropiación. Además de crear un plan de financiamiento para los vecinos que se convertirán en propietarios registrales, la normativa incluye la urbanización, el mejoramiento de las viviendas del barrio, la subdivisión del suelo en lotes, bajo la forma de un loteo social, la apertura de las calles y la provisión de servicios de agua, desagües y energía eléctrica mediante medidores comunitarios.

"Es un resarcimiento histórico para la gente que vive en el lugar. El gobernador Miguel Lifschitz asumió la decisión política de poner fin a un conflicto que lleva más de dos décadas. El plan de trabajo prevé urbanizar un extenso sector, generar condiciones de hábitat digno e igualdad de oportunidades para más de 300 familias”, apuntó el secretario de Hábitat, Diego Leone".

“Los vecinos van a pagar por sus lotes. Siempre tuvieron voluntad de hacerlo. El problema original fue que no hubo acuerdo en el precio pretendido por los propietarios del terreno. La posesión definitiva de la tierra va a traer tranquilidad a las familias. A partir de ahora, pueden enfocarse en planificar lo que viene: la mejora del barrio y la puesta en valor de sus viviendas", concluyó el titular de la cartera de Habitat.

El año pasado legisladores del Frente Social y Popular habían denunciado que no existía voluntad política de resolver el conflicto del barrio Cullen. La idea, que se materializó el jueves, era crear un fideicomiso popular con aportes claves de la provincia y el municipio para urbanizar. Los vecinos abonarían una cuota mensual del 20% de sus ingresos para adquirir la titularidad de las tierras. Y la Compañía Santafesina de Tierras cedería de forma onerosa las tierras al fideicomiso.

Dos al hilo

La segunda expropiación beneficiará a vecinos asentados en más de mil metros cuadrados de 27 de febrero y avenida Circunvalación. Hace 20 años estaban en litigio con los dos propietarios privados de los terrenos en los que se habían instalado. La declaración de “utilidad pública” y la expropiación votada el jueves incluye el deber del Estado provincial de fraccionar en lotes, según fue sugerido por el Concejo Municipal en 2016, y ejecutar obras de infraestructura urbana (calles y conexiones de servicios públicos). También especificó que sólo podrán acceder a este programa “de Acceso Justo al Habitat” los vecinos que acrediten dos años de presencia en el terreno. Ellos podrán acceder a una financiación de 10 años para convertirse en propietarios, proceso que será monitoreado por el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras autoridades.