En la apertura de sesiones del Congreso, el presidente Alberto Fernández instó a avanzar en la definición de una reforma de la Ley de Alquileres que "mejore" la actual norma. En ese tramo de su exposición, indicó: "Necesitamos reconocer también que hay problemas con el valor de los alquileres".

La actual normativa fue sancionada en junio de 2020 y estableció la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los valores -dejando de lado el esquema semestral que regía de hecho hasta la puesta en marcha de la nueva ley- a través de un indicador conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (Ripte), es decir, la inflación anual y la evolución de los salarios.

Tras su instrumentación, se generaron una serie de dificultades que tienen que ver con el incremento anual de los montos de los contratos. En ese marco, las principales críticas provinieron desde el sector inmobiliario.

Según adelantó a Infobae la diputada Marcela Passo, justamente los puntos clave a cambiar son la actualización de los alquileres  y la duración de los contratos. Lo que no está definido es si una vez que se presente el proyecto se suspenderá la aplicación de la ley vigente.

“El plazo de los contratos y el mecanismo de actualización van a ser los ejes. No tanto la fórmula del índice sino su periodicidad, que sean al menos dos ajustes anuales en lugar de uno. La ley actual también trajo cuestiones interesantes, como el tema de la multiplicidad de opciones de garantías. Pedir una garantía hipotecaria para un alquiler no funciona. ¿Cuándo se ejecutó una casa por una deuda de un inquilino?” explicó.