Los vecinos de los barrios tendrán quien los defienda
La Oficina Municipal de Defensa al Consumidor presentó su plan de trabajo para este 2016 con el objetivo de descentralizar el servicio y poder facilitar el acceso a los vecinos de los distintos barrios. Como viene ocurriendo los últimos años, en 2015 la mayor cantidad de denuncias se las llevó la telefonía, y en servicios públicos la EPE pica en punta.
La ex concejal del Pro, María Julia Bonifacio, fue elegida por el plazo de dos años al mando de la Oficina que se encargará de recibir los reclamos de los usuarios basados en la ley de defensa al consumidor para gestionar ante quien corresponda. Vale precisar que las sanciones a los comercios las impone la secretaría de Comercio Interior, o en su defecto el propio Concejo municipal.
“Buscamos la descentralización de la oficina en los seis distritos municipales, algo que va en sintonía con la política del gobierno local. Es muy positiva la cercanía al vecino por algún reclamo puntual que necesite respecto a una relación de consumo que no tuvo sus frutos”, comentó a Rosarioplus.com Bonifacio, y agregó que ya presentaron un cronograma de presencia rotativa en cada distrito que comenzará como prueba piloto en abril.
De unas 4000 denuncias que los rosarinos realizaron el año pasado en unos 250 días hábiles, 1194 respondieron a problemas con la telefonía, de los cuales unas 530 respecto a telefonía fija mayormente por falta del servicio, unas 350 de telefonía celular y el resto reclamos hacia servicios de cable e internet.
En tanto, los servicios bancarios acarrearon unas 800 denuncias referidas a inconvenientes por bajas del servicio, de pólizas de seguro, de comprar inexistentes y de incumplimiento de promociones.
Los problemas relacionados a viviendas y locaciones se llevaron buena porción de las 4000 denuncias, llegando a las 1088 consultas, donde el 74,5 por ciento, es decir 811, son por problemas entre inquilino y locador.
En cuanto a los servicios públicos, unas 500 denuncias se establecieron en la dependencia en 2015, de las cuales el 57 por ciento refieren al servicio de la EPE, el 39 respecto a Aguas Santafesinas y mientras que las denuncias contra Litoral Gas y transporte público no son relevantes, teniendo un 2 por ciento.