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La polémica por el cobro de un plus en las consultas y prácticas médicas volvió a la agenda luego de que trascendiera que a partir de abril los médicos que acudan a esta práctica serán sancionados, por la entrada en vigencia de una ley en ese sentido que la Legislatura provincial aprobó el año pasado. Desde la Asociación de Médicos (Amra) salieron con los tapones de punta a explicar que el problema no son los médicos sino las clínicas privadas, y advirtió que una opción en danza es tomar la decisión de no atender más a pacientes a través de obra social, y sólo hacerlo de manera particular y con factura. 

Según su secretaria gremial, Sandra Maiorana, en la nueva ley sancionada a fines de 2017 “no se dice toda la verdad” porque no contempla lo que sucede en el sector médico: lo que paga la obra social llega tres o seis meses después al médico y en menor cantidad, porque las clínicas toman parte del total como gastos sanatoriales. Así, justifican que a los médicos no le queda otra que cobrar el adicional, pero los que terminan asumiendo los costos son los pacientes que parecen ser rehenes de la pelea entre las clínicas y los profesionales.

Aquellos profesionales que cometan doble imposición, es decir, que cobren por la obra social y además facturen un plus, deberán enfrentar multas por un monto de entre uno y diez equivalentes al salario mínimo vital y móvil. Además, se los suspenderá como prestadores por entre 90 y 180 días.

La ley también contempla incluso la suspensión temporal de la clínica, y hasta la posibilidad de inhabilitarla para continuar su actividad, señaló el diputado Luis Rubeo, autor de la norma.

Si todo esto sucede, los médicos han advertido que pueden optar por evitar la cobertura de las obras sociales, y cobrar toda la atención como particular o por consulta. Luego el paciente deberá acudir a la obra social a reclamar la compensación según proponen. 

“Algunos médicos van a trabajar gratis o por cifras irrisorias. Nosotros vamos a respaldar al médico que diga 'no trabajo más', o al que diga 'no me llega el dinero de la consulta después de un mes, corto el crédito laboral y cobro de manera particular'”, dijo en LT8 como forma de marcar un límite al sistema que se muestra con evidentes irregularidades.

Desde Amra denuncian que los bloques políticos de la Legislatura no admitieron su propuesta para sumar al proyecto. "Mediante esta propuesta se intenta que la ley sea ecuánime, persiguiendo a aquellos que son los auténticos responsables", señalaron desde Amra. El texto que proponen tiene cuatro puntos elementales:

  • Que no se sancione al profesional, en el caso que transcurrido el plazo de días de presentada las órdenes de prestaciones, el profesional no haya percibido su cobro.
  • Que ante una denuncia de cobro de plus, cuando se labre el acta se realice con dos testigos. 
  • Que se sancione a las gerenciadoras, sanatorios, y/u obra social que se atrase en el pago, mediante multas y reintegro a los afiliados del pago de las prestaciones por "corte de crédito prestacional".
  • Que de hacerse efectiva una sanción al profesional, ésta se dimensione de acuerdo al valor del adicional y no del salario mínimo vital y móvil.