Megacausa: la Provincia recurrirá a la Corte para ser querellante
Tras el revés judicial que rechazó parcialmente la constitución del Estado como querellante en la megacausa, el Ejecutivo manifestó su decisión de continuar adelante y apelar esa decisión
Luego de que la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazara este martes la constitución de la Provincia como querellante en la megacausa que investiga presuntas estafas inmobiliarias y lavado de activos, desde la Fiscalía de Estado, que representa al Ejecutivo provincial, adelantaron que recurrirán a la Suprema Corte de Santa Fe para insistir con sumarse al juicio como parte acusadora.
"Estamos evaluando la posibilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. Esto es prematuro porque nos llegó ayer y seguiremos estudiando", explicó a Rosarioplus.com, el Fiscal de Estado, Pablo Saccone.
En las últimas horas del martes se conoció la decisión del camarista Daniel Acosta de revocar la resolución de la jueza Mónica Lamperti en primera instancia, quien en diciembre había aceptado al Estado como querellante en la causa que tiene 11 imputados, entre empresarios, escribanos y hasta un sindicalista.
La Provincia en su momento fundó su intención de ser querellante en que los delitos acusados "afectan al orden público". Sin embargo, Acosta rechazó este planteo y explicó que "la intervención del Ejecutivo no puede admitirse en forma general e ilimitada sino circunscrita a aquellos hechos que pueda considerarse 'ofendida'". El magistrado consideró que el Estado santafesino, en este caso, no ha sido lesionado en sus intereses por el accionar de la banda enjuiciada.
Saccone, en tanto, explicó en detalle la postura de la Provincia. "Entendemos que hubo una afectación directa. Lo más concreto es en la intervención de los escribanos porque los protocolos supuestamente fraudulentos son de la Provincia, y se afecta de esta manera la fe pública", remarcó.
Los términos procesales le dan diez días a la Fiscalía de Estado para apelar, y luego se le corre el mismo término a la otra parte, es decir las defensas de los imputados. Vale recordar que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos que lleva adelante la megaestafa pidió la levación a juicio e incluso dio a conocer los pedidos de penas.