Megaestafa: nueve allanamientos y dos detenidos
La megacausa judicial que investiga una serie de estafas inmobiliarias y lavado de activos con empresarios de renombre involucrados sumó un nuevo episodio este jueves: fuentes cercanas a la causa precisaron que fuerzas de seguridad realizaron nueve allanamientos en diferentes puntos de la ciudad y detuvieron a dos hombres. El operativo fue ordenado y dirigido por los fiscales Adrián Mc Cormack y Sebastián Narvaja.
Uno de los detenidos es un joven de 22 años hijo de uno de los imputados en la megacausa. El muchacho, apodado "Juano", ya había estado detenido con anterioridad aunque en el marco otra causa, la que investiga la muerte del empresario Luis Medina.
El otro es un hombre, comerciante de motos con concesionaria en zona sur, identificado como Omar B.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Omar B. estaría vinculado con Roberto Aymo, imputado en la Megacausa, y con el Gitano Fernández. El Gitano se encuentra preso y es quien manejaba el auto cuando presuntamente Guille Cantero asesina a Diego Demarre en venganza por la muerte del Pájaro. A su vez, el Gitano es sobrino de Tránsito Portillo Retamar, quien está acusado de cumplir el rol de comprador connivente en la Megacausa.
Los dos detenidos aparecen como eslabones de una cadena que apuntó a desapoderar y hacer circular inmuebles: cuatro campos en la zona de Arroyo Seco, el mayor de 18 hectáreas. En estas maniobras estarían involucrados Roberto Aymo, Maximilano De Gaetano y Juan Bautista Aliau.
Allanamientos
A media mañana se pudo ver cómo patrulleros y camionetas de la Policía de Investigaciones (PDI) con apoyo de otras fuerzas, irrumpieron en distintos domicilios céntricos. Uno de ellos fue 9 de julio 543, que pertenece a la escribanía de José Luis Gordo, un profesional que fue mencionado en el expediente que investiga la Unidad Especial de Fiscalía y ya había sido allanado en octubre pasado. Este nombre surcó el proceso judicial y hasta prestó declaración a principios de noviembre.
Los operativos se llevaron a cabo con un bajo perfil, incluso las camionetas de la policía no prendieron las luces de las sirenas, y el ingreso y egreso de los lugares fue para nada llamativo.
En abril, los fiscales pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público, y penas de hasta 14 años de prisión efectiva, inhabilitaciones y multas millonarias para los once imputados. Hasta ahora cinco de ellos lograron la libertad a cambio de una fianza.
La última noticia relevante en la causa surgió en diciembre, cuando se modificó la imputación de asociación ilícita por "lavado en banda", punto por el que los abogados defensores cuestionaban a los fiscales.