La imputación de los dos patovicas del local bailable Ming, en el marco de la investigación por la muerte de Carlos "Bocacha" Orellano, volvió a abrir el debate sobre el control de la seguridad en la noche rosarina.

Al igual que hace más de 5 años, cuando Gerardo "Pichón" Escobar fue a bailar al bar La Tienda y terminó flotando en el Río Paraná, hay agentes de seguridad privada, en complicidad con efectivos policiales, que se encuentran de nuevo involucrados en la desaparición forzada y muerte un joven. 

La reiteración de estos violentos hechos, que se suman a otras denuncias por agresiones en locales bailables, retoman la discusión sobre la falta de control en la noche rosarina.

"Hay una continuidad en las prácticas violentas de los grupos de seguridad mixtos (patovicas y policías de adicional) desde siempre. La situación no ha cambiado y no hay control de esto", afirmó Salvador Vera, abogado de la familia de Orellano y Escobar, en diálogo con RosarioPlus.

Según detalló el representante legal de las querellas, las autoridades municipales "no controla que los patovicas estén en el listado que gestiona el Ministerio de Seguridad de la provincia, tampoco se garantiza que hagan los cursos con perspectiva de Derechos Humanos".

"Como dijo el juez (de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu) en la audiencia del otro día, como fundamento de su decisión, son agentes de seguridad, si bien son privados, también le caben la obligación de cuidar a las personas y preservar la vida", indicó el letrado y denunció: "En el boliche Ming no había ninguno de los 12 patovicas habilitado".

Asimismo, Vera comentó que E.O.L, el agente de seguridad de 30 años que fue detenido el sábado pasado en en Villa Gobernador Gálvez, "tiene antecedes de haber sido despedido de otros boliches por situaciones de violencia y ha sido denunciado en otras localidades porque ha desfigurado a algún pibe a trompadas".

"El Estado no puede habilitar que estas personas estén cuidando a cientos de personas que van a divertirse", aseguró el abogado de la familia de Bocacha, y concluyó: "La municipalidad no exige que estén en el registro y es el Estado el que habilita a los boliches a funcionar y pone condiciones de seguridad".

Por su parte, la concejala justicialista, Norma López, manifestó: "Fue un avance que en Rosario se exija la capacitación y formación en DDHH para los trabajadores de control y admisión de establecimientos, sin embargo, la falta de control ha generado muchas de estas situaciones de violencia".

En 2010, el Concejo de Rosario aprobó la primera ordenanza (Nº8522) que regula la actividad del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de publico en general.

Cinco años después, la normativa fue modificada, tras una iniciativa presentada por el Frente Para la Victoria, a raíz del caso del Pichón Escobar. "La ordenanza 9.436 estableció la creación del Padrón Único de Empleadores y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, al cual al día de hoy no es posible obtener acceso público, cuando en el Artículo 4º establece que debe ser publicado en la página web de la Municipalidad", indicó la presidenta del Bloque Frente de Todos-PJ, en diálogo con este meido.

"Ante el incumplimiento de la misma, decidimos presentar a inicios del 2020, un pedido de informe, aprobado bajo el Decreto Nº 58.831, del cual no obtuvimos respuesta por parte del Ejecutivo Municipal", afirmó la edila, y agregó: "Asimismo, con motivo del caso de Bocacha, presentamos también un pedido de Informe sobre lo sucedido bajo el numero de expediente 254.522, además de otro con respecto a lo vivenciado por Lautaro Ruiz en “La Fluvial” en el año 2013, aprobado por el Decreto Nº 58.534. A éste último, pedimos también su cumplimiento con el Decreto Nº 58.581, del cual tampoco obtuvimos respuestas".

La vicepresidenta del Partido Justicialista Santa Fe aclaró que el municipio viene realizando capacitaciones con perspectiva de Derechos Humanos y Género, pero su alcance está limitado por la formalidad de los trabajadores de los boliches. "Reciben la capacitación aquellos que están blanqueados y hay un enorme porcentaje de informalidad en el sector".

"Hay varias cosas que están reglamentadas, el problema es el control del municipio. Los trabajadores de seguridad tienen una ley nacional (26.370) y está muy bien especificada sobre las funciones que cumplen. Además, las empresas de seguridad tienen una ley provincial", comentó López y concluyó: "El municipio tiene que controlar el espacio público y este tipo de funciones que no tienen que ver con la fuerza de seguridad pública".