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La Defensoría del Pueblo de Santa Fe quiere que, en el futuro, cada departamento que se construya en cualquier localidad de la provincia dentro del régimen de propiedad horizontal cuente con un medidor del consumo de agua para “evitar situaciones injustas y desiguales en la facturación del consumo de agua potable a usuarios particulares del servicio” y logar que cada abonado pague de acuerdo a lo que consuma.

Desde la entidad que defiende los derechos de usuarios y consumidores, advirtieron que reciben cotidianamente reclamos por los costos del servicio de agua potable, donde “no prevalece la facturación tomando el consumo real de los usuarios del servicio en cuestión, bien indispensable para la vida y la salud de la población y considerado un derecho humano fundamental y posibilitador del goce de otros derechos humanos”, señala la resolución firmada por el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto.

En ese sentido, el funcionario recomendó al Ministerio de Infraestructura y Transporte provincial que arbitre “todos los medios a su disposición para que, en forma coordinada con los demás actores involucrados, en el futuro las viviendas que se construyan dentro del régimen de propiedad horizontal cuenten con medidores individuales instalados en cada una de las unidades habitacionales a los fines de que los usuarios abonen realmente lo consumido”. 

La Defensoría cita como antecedente la ley 11.200, que en su artículo 83 establece que “los regímenes tarifarios de los prestadores deberán incluir y propender al consumo medido, siempre que ello sea técnico y económicamente viable. El régimen tarifario de consumo medido será de aplicación obligatoria por el concesionario en los casos de venta de agua en bloque”.

El defensor santafesino dijo que, sin bien la medición está contemplada con relación a las viviendas particulares no sometidas al régimen de propiedad horizontal, no ocurre lo mismo con los edificios afectados a este último. Y evaluó que “la forma de brindar una solución apropiada a la problemática detectada en el diario accionar es mediante la coordinación de todas y cada una de las partes involucradas en la prestación del servicio de agua potable”.

En ese sentido, indicó que tanto Aguas Santafesinas como las distintas prestadoras de los servicios públicos de agua potable y desagües cloacales dentro de la provincia de Santa Fe (municipalidades, comunas, cooperativas, otras) serán las encargadas de coordinar las distintas actividades y responsabilidades ─según la normativa regulatoria de la materia dictada y/o a dictarse al efecto─ para hacer posible lo sugerido en la resolución con un criterio de equidad y justicia social.

Por último, Lamberto evaluó que “el Estado provincial debe continuar con la política de jerarquizar la micromedición, como viene haciéndolo con la instalación de medidores en general, teniendo en cuenta que es el natural proveedor de este derecho humano fundamental”. Y consideró “necesario e insoslayable que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios, como ente controlador del servicio en cuestión, arbitre los medios a su disposición en el mismo sentido que las demás autoridades convocadas”.