Tras un marcado ida y vuelta, finalmente la Justicia Federal dio lugar este viernes a un amparo colectivo presentado por vecinos de Rosario para que el Gobierno nacional restituya el Fondo Compensador del Transporte a las provincias, que fue eliminado en todo el país menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se trata de una presentación judicial realizada en febrero por la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas y otros rosarinos, donde aseguran que la decisión de eliminar el Fondo Compensador del Interior es “ilegal porque viola el legítimo derecho a la movilidad de los argentinos”, recuerdan que a la par se aumentaron los subsidios para el transporte en Capital Federal.

En un principio, el juzgado federal Nº 1 de Rosario, a través de Gastón Salmain, había rechazado esta presentación, argumentando que no se entendía "qué derecho veía afectado este organismo", pese a que la determinación del Gobierno nacional conlleva factores como un aumento en las tarifas y un empeoramiento del servicio, lo que afecta directamente a los usuarios del transporte público.

Sin embargo, desde la vecinal apelaron y allí los jueces federales Aníbal Pineda y Fernando Barbará les dieron la derecha, entendiendo que el reclamo es legítimo y que es una situación “similar a la que sufren los usuarios del transporte público de todo el país”.

Además, agregaron que “es de recordar que los servicios públicos de transporte de pasajeros son aquellos que tienen por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios”.

“La quita de subsidios nacionales al transporte afecta directamente a millones de argentinos de todo el país excepto del Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires) que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse y perjudica (destroza) el tejido social y productivo del país. Asimismo, significa una mayor tarifa, que no para de incrementarse según los valores que públicamente se informan y será impagable para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, mutilando así los servicios de transporte municipales que tienen riesgo de desaparecer”, señalaron desde FunDESC, Área de Litigio Estratégico de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presidida por Roberto Sukerman que fue la encargada de elaborar el amparo.