La jueza de Menores nº 2, Gabriela Sansó, aprovechó un fallo en el que eximió de responsabilidad penal a un adolescente incriminado en disturbios durante un festejo estudiantil de quinto año para expresar un llamado de atención a los padres de los alumnos secundarios en tanto responsables de las conductas de esos adolescentes.

La magistrada dictó una resolución en la que alertó y convocó a las autoridades provinciales, locales y a la sociedad civil en su conjunto a elaborar un plan para poner fin a los disturbios ocasionados por alumnos de secundaria en los festejos que realizan durante el último año de cursado.

La jueza realizó estas consideraciones a partir de una resolución en la que declaró no punible, por ser menor de edad, a un alumno de un colegio privado que había sido detenido en marzo “festejando” el inicio del último año tirando bombas de estruendo y realizando pintadas con aerosol junto a varios de sus compañeros de curso.

En aquella ocasión, alumnos de quinto año festejaban el “último primer día” de clases, para lo que alquilaron un bar en el que pasaron la noche escuchando música y tomando alcohol, y que terminó antes de lo esperado debido a que el dueño del establecimiento los echó por los disturbios que estaban ocasionando y porque uno de los jóvenes golpeó a su novia.

Por tal motivo el grupo se trasladó hasta la esquina de Oroño y Rioja, donde continuó con los festejos, que incluyeron bombas de estruendo y pintadas en la vía pública. En ese contexto llegó la policía y detuvo a uno de los adolescentes, quien luego terminó acusado ante el tribunal de Menores por el delito de daño.

En su resolución, Sansó hizo referencia al papel del colegio, de los padres y del Estado en relación a este tipo de festejos.

Respecto de la institución educativa, reconoció que la escuela realizó diversas acciones de prevención y concientización para proteger a los adolescentes, pero pese a esto no ha podido desarticular estas prácticas y por lo tanto consideró que “es obvio que el colegio no puede hacerlo solo”.

Por esta razón hizo un llamado de atención dirigido a los padres de los jóvenes, quienes, a pesar de tener conocimiento de la modalidad del festejo, se encargaron de contratar el salón, darles dinero para comprar alcohol, pintura y pirotecnia, y permiso para ir sin importar que no haya nadie encargado de supervisar al grupo.

Por último, hizo referencia al rol del Estado y a que “el reconocimiento de la realidad es el punto de partida para la constitución de instancias institucionales que contribuyan a una definición y solución del problema, siendo necesario mecanismos de diálogo entre todos los actores involucrados”. En este sentido, convocó a que “se articule interministerialmente e interdisciplinariamente, juntamente con las autoridades locales y miembros de la comunidad civil”, un plan para alcanzar una solución definitiva.