Los familiares de las víctimas de Salta 2141 esperan ansiosos el inicio del juicio oral, pero un pedido de la Fiscalía volvería a retrasar el proceso en el que se juzgará responsabilidades en la peor catástrofe acontecida en Rosario, cuando el 6 de agosto de 2013 una fuga de gas causó una explosión y derrumbe del edificio que estaba en esa dirección, y que le costó la vida a 22 personas. 

Según fuentes judiciales, un perito de la ciudad de Córdoba habría aceptado la convocatoria para efectuar una nueva pericia, a pedido de la fiscal Graciela Argüelles, que estaría comenzando en agosto o setiembre.

La causa que investiga la tragedia en el marco de aquella explosión, en 2013, ya tenía una fecha tentativa para el juicio oral, o al menos así se creía a fines de 2016. Allí se evaluó que para mediados de este año ya empezarían las audiencias en las que desfilarían cerca de 170 testigos. Sin embargo, el pedido de un peritaje más retrasó todo, luego de que la Policía de Investigaciones se declarara incompetente para realizarla. 

El primer informe pericial se realizó en Mar del Plata y fue entregado a la Justicia rosarina 5 meses después de la tragedia. En ese examen se destacó que “de haberse seguido los procedimientos legales y cumplido con las normas de seguridad el siniestro no se habría producido”.

En la causa se encuentran procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala; y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

Los otros procesados por el delito de estrago culposo agravado son los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.