Los números son concretos: desde que Mauricio Macri es presidente de la Nación se presentaron en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 52 proyectos relacionados a la pérdida del empleo y la falta de pago de haberes en industrias y comercios. Entre pedidos de informes y solicitudes de intervención por parte del gobierno provincial, la actividad legislativa dio cuenta de 1724 despidos y 1200 suspensiones. Los datos se desprenden del relevamiento realizado por el Observatorio Social del Frente Social y Popular, que cuenta en la Cámara Baja con la representación de Carlos del Frade y Mercedes Meier.

El informe repasa, uno por uno, los conflictos laborales que se desarrollaron en la región desde el 10 de diciembre de 2015 y que obligaron a la intervención por parte de los legisladores. Uno de los que más actividad legislativa requirió fue el despido de 350 trabajadores por parte de los hipermercados Coto, Jumbo, Carrefour y Libertad, en el marco de la sanción de la Ley de Descanso Dominical. Las presiones por parte de esas firmas, continúan hasta hoy.  

La mayor causal de despidos en el último año y medio, según el informe, fue el cierre de empresas. El relevamiento recuerda especialmente los casos de los 420 trabajadores que quedaron en la calle tras el cierre de AR-Zinc, en Fray Luis Beltrán, y el reciente episodio en Mefro Whells, con 170 empleados cesanteados. 

La fábrica de llantas radicada en la zona sur de Rosario fue, como otras firmas, víctima de la apertura de las importaciones. Las empresas Pirri, Jandy, Primeros Pasos y La Huella, dedicadas a la producción de calzado, también se vieron obligadas a despedir trabajadores imposibilitadas de competir con productos extranjeros.

El relevamiento recordó tres casos puntuales que dejaron como saldo el despido o la no renovación de contratos, becas o subsidios a trabajadores del Estado. El Sedronar se desprendió de 50 personas, mientras que el Inadi de Santa fe y El Centro de Asistencia Judicial de  Villa Moreno, en Rosario,  sufrieron el despido de tres trabajadores cada uno durante 2016.

Los medios de comunicación no estuvieron al margen de la situación. En diciembre de 2016 Radio Nacional Santa Fe denunció 12 despidos que se sumaron a la conocida situación de 82 trabajadores del diario El Ciudadano de Rosario, muchos de los cuales luego consiguieron continuidad laboral tras conformar la Cooperativa La Cigarra.

Dos casos en Rosario con mecánica similar tampoco pasaron desapercibidos para los diputados de Santa Fe. Ocho trabajadores de la histórica librería Casa Bleger, y 30 de la casa de fotografía Triángulo Color, se encontraron de un momento a otro con los locales vacíos y la cerradura cambiada, perdiendo así sus fuentes laborales.

En poco menos de un año y medio cayó el mercado interno y las consecuencias se pagaron, por ejemplo, en el frigorífico Swift de Villa Gobernador Gálvez, donde se perdieron 32 puestos de trabajo.  Algo similar ocurrió con Frideco de Totoras (110 despidos).

Los tambos también la pasan mal. Las 500 suspensiones en Sancor representan el caso más resonante, pero la crisis en el sector lácteo (agravada por las inundaciones) también alcanzó a Luigi SRL, de Eustolia, que en marzo de 2016 bajó la persiana y despidió a 16 personas. Entre fines de 2016 y comienzos de 2017 también quedaron sin empleo 17 obreros que se desempeñaban en la fábrica de quesos Chateaubriand, de la localidad de Carmen, ubicada a 20 kilómetros de Venado Tuerto.

La lista es larga y sigue. Diputados ya se hizo eco de lo que ocurre en la General Motors de General Alvear (350 suspensiones denunciadas como depsidos encubiertos), Acindar y Bahco, entre otros casos.