Tras la presentación de una medida cautelar en los Tribunales provinciales, la jueza en lo Civil y Comercial María Silvia Beduino dispuso que la obra social de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe (IAPOS) le entregue a una menor el medicamento Osimertinib 30 mg. durante 3 meses. Pasado este plazo de uso se deberá informar al Tribunal sobre los resultados del tratamiento acompañado de un informe suscripto por la médica oncóloga tratante. El medicamento tiene un costo en el mercado de 900.000 pesos.

El diagnóstico de la niña se estableció en octubre de 2020 cuando los galenos dictaminaron que tenía un tumor de rápido crecimiento en la zona raquis lumbar. Los tratamientos estándar lograron una remisión parcial y que la enfermedad sea estable. Pero en la última observación medica, tras una nueva resonancia magnética, se dilucidó una progresión de la lesión por lo cual el consejo de los profesionales fue indicar un cambio en el tratamiento.

Ante la negativa de la cobertura médica de la nena de hacerse cargo del tratamiento, sus padres acudieron a la Justicia con la presentación de un amparo bajo la tutela del abogado Roque Perrone. En ese sentido, el médico forense de Tribunales indicó que la medicación en cuestión es la pertinente para ese tratamiento.

La magistrada afirmó al hacer lugar a la cautelar que “en lo inherente a derecho a la salud tiene que ponderarse también el reconocimiento del derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a la persona, la salud y el bienestar”.

Y añadió: “No debemos olvidar que el derecho a la salud no forma parte simplemente de una declaración de derechos como principios de mera voluntad, sino que debe interpretarse como el compromiso del propio Estado a su tutela, dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento a fin de asegurar la real existencia de este derecho”.