El Sindicato de Prensa Rosario, a través de su comisión de libertad de expresión y formación profesional, difundió su “preocupación por el carácter limitativo” del instructivo enviado a los medios de comunicación por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación respecto de la audiencia pública de gas a realizarse este viernes.

El instructivo obligatorio para las coberturas de la audiencia pública para debatir el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural comprende una serie de requisitos para lograr la acreditación y el consiguiente ingreso a ese foro ciudadano, que el SPR consideró “excesivo y diseñado para desalentar e impedir la participación”.

Dispone que cada periodista se debe acreditar con todos los datos personales, fotografía y carta de presentación del medio, y tendrá confirmada su cobertura recién a las 8 del mismo viernes de la audiencia.

El sindicato calificó este mecanismo como un “ataque del gobierno nacional a la prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la población, para tapar o por lo menos dificultar la mirada periodística y ciudadana hacia una audiencia que debería ser receptora de las  expresiones más diversas y plurales como base de todo sistema democrático”.

Las disposiciones para la cobertura de la audiencia impedirán “por razones de espacio” el ingreso de equipos de televisión, aunque se habla de que la reunión ciudadana será transmitida vía streaming, de manera limpia, es decir que cada medio interesado podrá tomar la señal emitida. Este punto fue calificado por el gremio que nuclea al periodismo como “un claro ejercicio del anti periodismo porque sólo se verá lo que quiera mostrar el gobierno”.

Por otra parte, quienes realizan trabajo de prensa de los municipios, ministerios, legisladores o gobernaciones ó instituciones no podrán acreditarse y se prevé que, por lo extenso de la jornada, los medios periodísticos no televisivos podrán acreditar a dos de sus equipos que no deberán concurrir de manera simultánea a la audiencia.

Desde la comisión de libertad de expresión del Sindicato de Prensa de Rosario concluyeron: “Estos ataques a la prensa comenzaron con el golpe al espíritu antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, siguió con el conocido como Protocolo Antipiquetes que dispone una especie de corralito desde el que deben realizar su labor los trabajadores de prensa, continuó con el proyecto de ley de acceso a la información pública -que está siendo tratado por el Congreso de la Nación y que ponía en potestad del Poder Ejecutivo la designación y remoción del titular de la Agencia de Información Pública-, y aquel temerario artículo incluido en la conocida como ley de blanqueo, derogado por la crítica pública, por el que se anunciaban sanciones penales para los ‘terceros’, entre ellos los periodistas”.