El caso de la menor que tenía un turno para realizarse una interrupción por el embarazo producto de los abusos de su padre puso en evidencia a la organización Grávida, que desde hace muchos años opera en una red nacional dedicada a detectar este tipo de situaciones: mujeres en condición vulnerable que dudan sobre continuar su embarazo no deseado, para persuadirlas de que lleguen al parto y no ejerzan el derecho a decidir sobre su cuerpo, tal como lo ampara la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

El caso de esta niña, que comenzó en la pequeña localidad de Estación Garibaldi (departamento Castellanos) y siguió en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, revistió de gravedad tras la denuncia del servicio de salud cuando perdieron contacto con la niña y con su madre durante un día entero, en la víspera del turno asignado para la intervención quirúrgica. Finalmente, ambas fueron encontradas en "Casa Hermanas de Betania", un alojamiento controlado por la ONG Grávida.

En el asunto intervienen dada su complejidad además de la Justicia, los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Género y Secretaría de Niñez, ya que se trata de una menor abusada por su padre, quien ya había expresado su deseo de llevar a cabo la intervención. Lo que se expone entonces es la pregunta sobre cómo se enteran desde la organización que la niña iba a abortar, y cómo lograron intervenir antes del turno médico.

Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Santa Fe, precisó que “se enteraron en el pueblo de la niña, por una allegada a la familia que se los comenta”. Y en torno a su proceder, aseguró consultada por Ariel Bulsicco en Sí 98.9 que “llamaron a una misa y expusieron a la niña, y allí desde Grávida la contactaron y convencieron para que vaya con su madre y desistan de abortar”.

Entonces la activista por el derecho a decidir remarcó: “Nos interesa pedir a la Justicia que se investigue el accionar de Grávida durante las horas en que la niña estuvo sin comunicación con el equipo que la venía acompañando, porque puede considerarse un delito. Ella ya había tomado una decisión, y puede haber sido retenida contra su voluntad”.

Destacó entonces que Grávida tiene 69 sedes en todo el país y funciona desde 1989, al amparo de organizaciones eclesiásticas varias. “Tienen mucho poder económico. Queremos que se investigue quiénes las financian y cuáles son los vínculos políticos. También hay que investigar cómo se vinculan con la parroquia del pueblo Garibaldi”.

Y cuestionó entonces: “Ellas hablan de los derechos del niño, quiero saber qué pensaban cuando cooptaron a una niña que debía estar en la escuela y jugando, y los servicios de salud la esperaban en el hospital”.

Calificó el caso “de extrema gravedad, ya que fundamentan su accionar en cuestiones religiosas, mientras que hay religiosas que acompañan el derecho del aborto. Lo que hacen es detectar cuando una persona toma la decisión de interrumpir u embarazo, se ponen en contacto, le dicen (a la gestante) información errónea médica y legal, las asustan y maltratan. Incluso sabemos que se han hecho pasar por grupos de acompañamiento feminista”.

Finalmente recordó que “hubo otras situaciones (no este caso), como una psicóloga de Santa Fe que se hizo pasar por profesional interviniente yendo a la habitación y convenciendo a cambiar la decisión. Y a esta mujer se le quitó la matrícula por haber actuado contra los principios de ética de la profesión”.