La comisión de Gobierno del Concejo define este martes si entra en debate el proyecto de ordenanza de descanso dominical. Sin embargo, un grupo de concejales pidió a varias universidades y al Colegio de Abogados que emitan un informe acerca de si corresponde a ese cuerpo deliberante definir tal cuestión.

El debate se encuentra dividido en un posible empate técnico que debería definir el presidente de la comisión, Jorge Boasso, ya que son tres concejales a favor -Horacio Ghirardi, Eduardo Toniolli y Diego Giuliano-, y tres en contra: Martín Rosúa, Gabriel Chumpitaz y Carlos Cardozo.

Según expresó el propio Boasso el viernes pasado, la ley provincial es “un mamarracho porque los diputados hicieron una ley que dejó en manos de cada municipio el modo de aplicarla”, lo que daría a entender que si debe definir este martes un empate técnico, su voto sería negativo.

Pero a la vez que se defina el despacho favorable, los concejales que se oponen a esta ordenanza presentaron un proyecto para que la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Católica y el Colegio de Abogados brinden un dictamen sobre la constitucionalidad de que la ley de cierre dominical sea discutida y aplicada por un organismo que no pertenece al Poder Legislativo como es el Concejo.

Es que según adelantó el concejal opositor Roselló, “el oficialismo dice tener suficientes votos, pero el descanso es un tema de orden nacional (por los convenios colectivos de trabajo) como la regulación de la jornada laboral”, por lo que el Concejo no tendría la capacidad jurídica técnica. “Por eso pedimos que nos emitan la inforación en un dictamen para ver si corresponde o no a competencia municipal", explicó.

Según el criterio de los tres concejales que se oponen a aprobar el debate, el contenido de la ley “no es lo que se esta discutiendo en el Concejo”, porque logró un consenso solamente sobre los supermercados de superficie mayor a 1200 metros cuadrados, con un control de seis meses  de la Secretaría de la Producción, dejando afuera a los trabajadores de cualquier otro comercio.

Roselló explicó: “Queremos analizar la desigualdad respecto al trato dispar de los trabajadores, ya que según esta ordenanza que quieen implementar, un empleado de panadería debe trabajar un domingo y un empleado de supermercado no, y nos preocupa ese tratamiento diferenciado, muchos tienen un salario diferencial por trabajar los domingos y también es una situación incómoda”.

Entre otras objeciones de los ediles del PRO y Rosúa, suponen que podría haber despidos, y objetan: “Hay organizaciones que pidieron estudios de impacto en el mercado, como el impacto en el turismo de fin de semana de la ciudad, que nunca se hicieron”.

Finalmente aclaró que “nadie esta en contra del descanso dominical, pero si normativamente es mala puede generar despidos y genera injusticia en los trabajadores que quieren trabajar los domingos. Nadie se opone al derecho de los trabajadores, los estamos protegiendo de poner el carro adelante del caballo, queremos ver que impacto puede causar”.