La mecánica de la estafa se repitió en 36 oportunidades. La empresa La Segunda utilizó esos casos testigo de un total de 300 hechos similares detectados entre 2013 y 2014 para impulsar una investigación penal. En todas las presentaciones, los supuestos damnificados buscaban cobrar cifras superiores a los 200 mil pesos. Quienes aceptaban participar del engaño debían someterse a la mutilación parcial de una de sus manos. Un “cirujano” los anestesiaba en la cocina de su casa y les cortaba los tendones con un bisturí. El siguiente paso consistía en acercarse a una comisaría y radicar una falsa denuncia por accidente laboral o robo. La estafa se tradujo en una cifra millonaria: la compañía detectó que el total de estos reclamos superaba los 10 millones de pesos.

La denuncia de La Segunda tuvo, en aquel entonces, una fuerte repercusión en los medios nacionales. "Cayó la banda de los cortatendones", titularon los noticieros porteños. La historia tenía todos los condimentos necesarios para convertirse en una gran noticia: abogados caranchos, policías cómplices, dedos mutilados, un quirófano casero y mucho dinero de por medio. Lo que se descubrió no fue ni más ni menos que un ardid habitual de muchos estudios jurídicos de la ciudad para estafar a las compañías aseguradoras.

 

 


La punta del ovillo de aquella denuncia pública fue la captura de la persona encargada de hacer las cirugías clandestinas. Se trataba de un joven de 27 años oriundo de Villa Gobernador Gálvez, quien en la cocina de su casa "operaba" a los trabajadores de ese cordón industrial que aceptaban formar parte del engaño para cobrar entre 15 y 20 mil pesos. Según la versión oficial, la banda cayó en desgracia por la contradicción de uno de estos obreros en sede policial a la hora de radicar su denuncia. En su endeble relato terminó confesando que le habían cortado los tendones adrede con el fin de estafar a su aseguradora.

La espontánea y sorpresiva intervención de la Comisaría 26ª en la denuncia del hecho, una dependencia bajo la lupa de la Justicia por la cantidad de expedientes amontonados en apariencia fraudulentos, no hizo más que alertar a los investigadores, quienes venían trabajando en la sombra para desenmascarar a este grupo delictivo, del que se buscó desligar a los peces gordos detrás de la estafa. Los malos de la película eran unos simples trabajadores que, por iniciativa propia y sin asesoramiento legal alguno, pretendían estafar a una aseguradora. 

"Lo que pasó fue que se filtró el dato de que había una investigación en curso, entonces se decidió hacer esta jugada para despegar a  los abogados y a los policías que participaban de esta gran estafa. Cayeron dos perejiles y chau, acá no paso nada", le explicó a Rosarioplus.com una fuente que participó en aquella investigación.  

Los únicos imputados en la causa fueron el falso cirujano y el obrero estafador. El expediente, que tiene más actores sospechados y denunciados, está en manos del fiscal Sebastián Narvaja. La investigación pende de un hilo debido a la falta de elementos y pruebas contundentes para incriminar a los que, de saco y corbata y detrás de un escritorio, pergeñaron la millonaria estafa.