Al cumplirse este lunes una semana de la desaparición de la niña de 12 años abusada por su padre cuando no se presentó al turno en el Hospital Iturraspe para realizarse un aborto, desde el Ministerio de Igualdad y Género dieron a conocer públicamente la decisión oficial de elevar una denuncia ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual contra la organización que intentó impedir su decisión tomada, y que la tuvo retenida hasta el martes en su sede “Hermanas de Fátima”.

Para la denuncia, precisaron que se presentará ante la Justicia “toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña abusada, en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE –Interrupción Legal del Embarazo- por parte de personas pertenecientes a la ONG”.

La denuncia se realizó a través de la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, áreas que trabajaron con este caso de forma interdisciplinaria con medidas de resguardo desde el primer momento. 

La Fiscalía según se conoció, buscará con una psicóloga en Cámara Gesell, indagar sobre la permanencia de la decisión de esta niña sobre realizar o no el aborto, así como su situación emocional luego de la intervención de Grávida. Cabe recordar que se encuentra en el segundo período de gestación, por lo que se trata de un caso que indefectiblemente le cabría una rápida resolución en caso de desear continuar con su decisión ya tomada de interrupción.

En el escrito que dieron a conocer desde Género provincial, sostienen: “La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”.

A esto sumaron la aclaración: “No puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo de esa manera el ejercicio de los derechos de una niña”.

“Nos ocupa en particular poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe (Resolución N° 45/2015 IGPJ de Santa Fe) que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”, destacaron, y aclararon que el escrito elevado a la Justicia contiene información privada que se decidió no hacer pública ya que, “de difundirse, sería revictimizante para la niña y su familia”.

La alarma se despertó desde el nosocomio el pasado lunes 2 de enero cuando la pequeña y su madre oriundas a de la localidad de Garibaldi -a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe- no asistieron al turno pactado. Tras comunicarse con familiares y conocer que se había realizado una misa en la parroquia de su pueblo exponiendo el asunto de la menor, se comenzó una búsqueda de paradero de ambas desde la Justicia provincial, ya con la sospecha de que se encontrarían en alguna instalación de la organización Grávida. Por otra parte en esos días resultó detenido el padre, quien atraviesa un proceso penal por abuso sexual.