El sindicalismo puso reparos a la situación que se vive con la segunda ola de Covid-19. A las escasas vacunas, un fenómeno que trasciende a la Argentina, se le suma la situación crítica de muchas obras sociales. Con gastos en alza, un déficit mensual creciente y problemas de financiamiento que no se solucionan. Incluso el Gobierno nacional tiene en vista a unas 35 prestadoras por ser insostenibles.

De parte del Movimiento Sindical Rosarino (MSR), Alberto Botto, además dirigente de Luz y Fuerza Rosario, manifestó la dificultad y la preocupación por la gran cantidad de pedidos para testeos, además del incremento de los costos en los servicios médicos como consecuencia de la pandemia. Por otra parte dijo estar muy preocupado por la cantidad de casos en su gremio, que en los últimos 15 días creció de manera exponencial.

“Más que en el tema de las obras sociales también estamos observando el nivel de respuesta que pueden tener los efectores”, indicó en el aire de Sí 98.9 el gremialista que luego acotó que ellos pueden tener toda la mejor voluntad con sus afiliados, además de tener los contratos al día con los prestadores, pero si estos no tienen capacidad de respuesta porque están colapsados, eso se neutraliza y de nada sirve.

“Nosotros analizamos la situación particular nuestra y estamos preocupados por la evolución que tuvo el virus en estos últimos 15 días. Tenemos  88 compañeros aislados en Rosario de los 141 de toda la provincia de Santa Fe. De estos, 39 son casos positivos. El 6 de abril teníamos 43 aislados en toda la provincia y hoy tenemos el triple. Los casos positivos eran solo 6 en toda la provincia de los cuales 2 eran de Rosario”, enumeró.

Botto mencionó luego que a estos casos se les suman los trabajadores considerados de riesgo quienes no pudieron retomar sus trabajos presenciales. “Es un trabajo estratégico y difícil de reemplazar en algunos sectores. Además quienes hacen estas tareas deben conocer las instalaciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), esto no es como la electricidad domiciliaria es mucho más complejo”, agregó en cuanto al pedido que envió la Federación de Trabajadores Luz y Fuerza al Gobierno nacional para que se los considere como personal esencial y de esta forma se los incluya en el plan de vacunación.

En cuanto a la información que manejan los obras sociales por ser parte del sistema de salud, el representante de los trabajadores de la EPE advirtió que los sanatorios están al borde del colapso y trabajado en tensión. “Esta es la realidad y el problema es cuando a uno le toca vivir en carne propia esa situación, es ahí donde toma realmente conciencia y dimensión, cuando no encuentra una cama o la desesperación que nos e puede respirar. Da la sensación a veces que el grueso de la sociedad no está percibiendo el real inconveniente que está generando la pandemia, acá se está muriendo gente”, opinó.

Alberto Botto en Si989

Los gremios a nivel nacional y su situación en pandemia   

Según los datos que maneja la CGT a nivel nacional, la situación no es de las mejores. Esto se refleja en el Fondo Solidario de Redistribución (FDS), parte esencial del engranaje del sistema de salud sindical en Argentina. Este se nutre de los aportes mensuales de los trabajadores, además de las contribuciones de las patronales que se utilizan para financiar los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos más onerosos. Durante el 2020 dicho fondo recaudó unos $64.000 millones, pero, en el mismo período el gasto fue mayor con un costo de $79.000 millones que se utilizaron para pagar los reintegros.

Por lo tanto el déficit del FDS llegó a los $15.000 millones en 2020. Para este año donde la situación también es álgida se espera que este fondo pierda $20.000 millones, e incluso se podría incrementar a $31.000 millones si el Gobierno dicta un aumento del 30% para las prestaciones por discapacidad, las cuales tienen una alta incidencia en el gasto total.

También del FDS sale el dinero para el pago de subsidios automáticos para sostener el financiamiento de las prestaciones de PAMI para los mayores de 65 años y de los monotributistas, casi dos millones de personas. Este ítem representa un 33 por ciento del gasto de las obras sociales y en 2020 ascendió a  $26.200 millones.

En este contexto de pandemia la CGT todavía no logró sentarse con la ministra de Salud Carla Vizzotti. Su bala de plata para lograr la reunión es de José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la central obrera con fuertes nexos con el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, el último hombre de Ginés González García en el Ministerio de Salud.

De manera solitaria quienes lograron ser atendidos por la ministra hace pocos días fueron los encargados del gremio de la sanidad (ATSA), Héctor Daer, también parte de la CGT, y su par Carlos West Ocampo. Sin embargo trascendió que la charla solo tuvo como fin tratar temas de la obra social de sanidad.

Los líderes sindicales plantean tres aspectos que desfinancian a las obras sociales. En principio se quejan de tener que dar cobertura a más de 2 millones de monotributistas. Quienes hace un aporte mensual muy bajo (1041,22 pesos),  en comparación con los que trabajan en relación de dependencia ($2000 mensuales en promedio). Por este monto deben recibir los mismos beneficios, que están establecidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO)

Es por ello que la CGT propone aumentar la cápita, además de la obligatoriedad de afiliar a la obra social a todo el grupo familiar, además que la escala para el pago sea en forma progresiva, de forma tal que la esposa y los hijos abonen menos que el principal beneficiario.

Otro tema que mira desde cerca la central obrera es los 4 millones de argentinos que teniendo su obra social utiliza los sistemas de medicina prepaga y lo efectivizan con un pago extra para ese sector que no se descuenta y por lo cual no termina en el Fondo Solidario de Redistribución.