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"Dada la situación debemos, al menos, continuar con este esquema por siete días. Es la alternativa más viable que hay en este momento", así lo dejó en claro el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig. Sin embargo, la determinación provincial choca con la gestión municipal de Rosario, caja de resonancia de los reclamos de la actividad económica, como el sector de los gastronómicos.

Esto los pone de lleno en el dilema sanitario/económico. En cambio, la Provincia tiene más margen en este sentido. Los sectores presionan al intendente Pablo Javkin por volver a abrir la actividad después de dos semanas limitados a la modalidad delivery y take away. Javkin pareciera con intenciones de abrir, al menos parcialmente, con nuevos protocolos.  

En este escenario, subyace un pedido de la Municipalidad: si se sigue restringida la actividad, deberían aportarse más recursos a los perjudicados. Y auqnue no lo mencionen, el que tiene la billetera es el gobierno provincial.

Es lo que el secretario de Salud, Leonardo Caruana, codificó en Radio 2: "Desde el punto de vista sanitario, no hay argumentos para poder avanzar en mayores flexibilizaciones. Tenemos que ver cómo continuar las restricciones, porque hoy no alcanza con un decreto sino con políticas activas, como financiamiento para sectores que la pasan muy mal".