La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigió en un comunicado, al cumplirse un año de la aprobación del aborto legal "una efectiva implementación de la ley", ya que según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran la organización federal, el acceso al derecho al aborto "es desigual en todo el territorio nacional".

A esa misma conclusión arribó el estudio del proyecto Mirar del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, que analizó la aplicación de la norma.

Fueron notorias las desigualdades entre las provincias, ya que la tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.

Que la ley, el derecho, se conozca más en todo el país es un reclamo que hizo en la última semana Amnistía Internacional y es uno de los pedidos de la Campaña en su pronunciamiento. 

Los datos suministrados por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) dicen que 904 profesionales de todo el país "recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales: se formaron en la ley 27.610, en las edades y el consentimiento para el acceso a la IVE/ILE, consejerías, en el tratamiento con medicamentos y con Aspiración Manual Endouterina (AMEU), y en la atención posaborto".

"Estas cifras dan cuenta de las demandas de la población en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y de las respuestas que desde el sistema sanitario se vienen implementando para garantizar derechos en este primer año de sanción de la ley 27.610", resaltó Valeria Isla, titular de la Dnssr.

La Campaña solicitó "la efectiva implementación" de la educación sexual integral "en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir".

Asimismo reclamó la libertad "de las más de 1.500 presas por abortos o eventos obstétricos" y el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz "criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal" y "el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos".

La ley IVE "es una conquista y un mensaje de esperanza para los feminismos que en todo el mundo luchan por un mundo justo. El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral", resaltó la Campaña.

Cuántas interrupciones se realizaron en un año

Los datos oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

También que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una implicación de la oferta de un 30% en el último año, tal como explicó el último miércoles la ministra de Salud Carla Vizzotti durante un desayuno con periodistas del que participaron su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.

Otro dato positivo es que la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

La información de la Cartera de Salud también indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.