Quienes entienden de la materia aseguran que la calidad del agua que tomamos los rosarinos es de las mejores del país. Sin embargo, la prestación del servicio tiene desde hace algunos años un grave problema en lo que respecta a la distribución: las fisuras no visibles de muchas de las cañerías obsoletas que tiene la ciudad (algunas de 100 años de antigüedad), sumadas a las fugas intradomiciliarias, generan que el 50% del agua se pierda en el camino a los hogares. Se estima que los niveles normales de estas pérdidas oscilan entre el 10 y el 15%.

Este derroche tiene una injerencia directa en las reiteradas quejas de los vecinos de algunos barrios por la falta de agua y la escasa presión que tiene el suministro. Según pudo relevar Rosarioplus.com, en las oficinas de Aguas Santafesinas se acumulan cientos de reclamos de usuarios del noroeste, oeste y sur de la ciudad, como así también de localidades aledañas como Funes o Villa Gobernador Gálvez. 

"Siempre hay un porcentaje que se pierde. Pero en Rosario estamos hablando del triple. La red de Rosario empezó a funcionar en 1887, apenas una década después de la planta de Recoleta de Capital Federal. Ya muchos de esos caños han quedado obsoletos con el paso del tiempo", explica Alberto Muñoz, ex titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

El mal estado de la red --Rosario tiene 3.700 kilómetros de cañerías y cerca de 400 mil conexiones domiciliarias ubicadas bajo tierra-- le significa a la empresa un enorme gasto de dinero para "emparchar" las roturas en las cañerías. En 2014, la firma realizó más de 48 mil intervenciones para reparar fugas, desobstruir cañerías cloacales y reemplazar válvulas, entre otras tareas. La cifra fue la más alta de los últimos seis años. La propia compañía estatal informó que el mantenimiento y la reparación de redes demandó el año pasado un desembolso superior a los 120 millones de pesos.

La alta inversión redujo considerablemente la cantidad de "corralitos" en las calles de la ciudad. Al 31 de diciembre de 2013 había cerca de 250, mientras que para la misma fecha del año pasado se contabilizan menos de cien. El problema de fondo, no obstante, no se resolvió. 

 

 

 

"El concepto de  rehabilitación y mejoras no es secundario cuando vos tenés una red con más de cien años de antigüedad. Lo que vos metés por un lado lo estás perdiendo por el otro. En algún momento se va a tener que hacer una obra para reemplazar estas cañerías", sostiene Muñoz. Y agrega: "Ahora con la planta que se está construyendo en Granadero Baigorria vamos a tener más producción de agua, lo que es muy bueno. Pero si las cañerías pierden, este déficit lo vamos a seguir teniendo". 

Otro de los factores que agudiza el problema es la falta de medición del total de agua que se entrega. Sólo el 30 por ciento de los hogares tienen medidores. Los usuarios restantes pagan su factura según el volumen asignado por propiedad, una modalidad que impide saber el consumo real de cada familia. 

Al no tener esta micromedición (total de agua utilizada por los usuarios) ni tampoco parámetros exactos de macromedición (la cantidad de agua que se impulsa a la red), resulta aún más difícil abordar y detectar las pérdidas en la distribución del servicio.

"Le pedimos a la población que sea responsable en el uso del agua y hay fugas visibles que están seis meses sin repararse. Si la empresa no da el ejemplo, es muy difícil", se queja Muñoz, candidato a concejal por el Frente Justicialista para la Victoria.

Una inversión que nunca se hizo

En la década del 90, el gobierno de Carlos Reutemann, en sintonía con el plan privatizador llevado a cabo por la Casa Rosada, entregó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos) a capitales extranjeros. El grupo Suez (Francia) y Aguas de Barcelona (España) se hicieron cargo de Aguas Provinciales de Santa Fe. La compañía funcionó según un plan de metas y objetivos. Si la empresa cumplía con su esquema de inversión, tenía derecho a aumentar la tarifa. En una economía dolarizada, el modelo era más que rentable en el afán de lucro de la firma. 

 

 

Al no tener como objetivo la universalización del servicio (meta sí trazada por el Estado), Aguas Santafesinas invirtió lo justo y necesario para prestar el servicio al menor costo posible. Únicamente en 1999 cumplió con la inversión prometida. Los cambios macroeconómicos que dejó la crisis del 2001 alteraron la ecuación de rentabilidad de la empresa, lo que se tradujo en un claro deterioro del servicio. En 2006, el gobernador Jorge Obeid reestatizó la compañía, una medida que dio paso a la creación de Aguas Santafesinas S.A. 

El litigio judicial por aquella decisión aún se dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El mes pasado, este organismo falló en contra del Estado nacional por la rescisión de Aguas Argentinas (la multa es de 405 millones de dólares). La resolución, sin embargo, no alcanzó al expediente santafesino, que aún sigue en trámite. Se estima que de ser adverso, el fallo le costará a la provincia una cifra cercana a los 180 millones de dólares.   

Lo concreto es que ni la breve gestión peronista (2006/2007) ni la actual administración socialista (2007/2015) trazaron un plan director para cambiar la red de cañerías y terminar así con las pérdidas que se generan en la distribución del agua. El Enress denunció que a partir del 2012 la inversión en Assa disminuyó tras cinco años consecutivos de aumento presupuestario (de un año para otro la partida se redujo en cien millones de pesos), lo que echó por tierra la posibilidad de proyectar una obra de esta naturaleza.

"Una inversión como la que se necesita no es políticamente correcta porque no se ve ni es palpable. Pero es primordial porque no podés seguir pensando en ampliar si lo que tenés no te sirve. El gobierno provincial que se jacta de la salud pública debería saber que cuanto más invertís en saneamiento, más te ahorras en sanidad en el día de mañana", concluye Muñoz.

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